Por: Andrés Felipe Ortega Estudiante Desarrollo Familiar y Ciencias Sociales.
El debate sobre el salario mínimo suele reducirse a una discusión técnica sobre porcentajes, inflación y productividad. Sin embargo, cuando se trata del trabajo doméstico y de cuidado, estamos ante algo más profundo: una conversación sobre jerarquías históricas, género y el valor que asignamos a quienes sostienen la vida cotidiana. En Colombia, la economía del cuidado ha sido uno de los sectores más rezagados en materia de reconocimiento, pese a que su aporte resulta estructural para el funcionamiento del país y contribuye de manera significativa al producto interno bruto.
Durante los últimos años, el Estado ha avanzado en la equiparación formal de derechos de las personas que ejercen el trabajo doméstico y de cuidado con los demás sectores laborales. Reformas legales, sentencias y decretos han intentado cerrar brechas históricas para dignificar esta ocupación. No obstante, la norma escrita no transforma de inmediato las prácticas culturales. Persisten inercias sociales que ubican este oficio en una categoría secundaria, como si el cuidado fuera una extensión espontánea del rol femenino y no una actividad económica con pleno derecho a una remuneración justa y digna.
Las cifras son elocuentes: cerca de 700.000 trabajadoras remuneradas del hogar integran este sector, y alrededor del 80 % continúa en condiciones de informalidad. El incremento del salario mínimo rige, en estricto sentido, para los vínculos laborales formalizados. Allí donde no existe un contrato claro ni afiliación a la seguridad social, el derecho queda solamente en el papel. Por eso, el debate no puede centrarse únicamente en la capacidad de pago de los hogares empleadores, sino en la responsabilidad colectiva de garantizar condiciones laborales dignas para quienes realizan estas labores.
Conozco mujeres que han ejercido durante años la doble jornada: después de cuidar niños ajenos o atender hogares que no son el suyo, regresan a sus casas para continuar con las propias labores de cuidado. Muchas de ellas son jefas de hogar y la única proveeduría económica de sus familias. El salario que reciben no solo sostiene su subsistencia individual; sostiene hijos, estudios, alimentación y servicios básicos. En esos casos, la precariedad salarial no es una abstracción estadística: es una presión cotidiana que multiplica el desgaste físico y emocional que genera el mal llamado “trabajo invisible”.
Esta realidad encuentra un eco cultural en la serie de Netflix María la Caprichosa, inspirada en el libro Soñar lo imposible de Paula Moreno. A través del retrato de Péxides María Roa Borja, lideresa social, la historia muestra cómo el “capricho” y la resiliencia se convierten en herramientas de organización y formalización para un grupo de mujeres que fueron empleadas domésticas. La serie tiene múltiples matices, pero uno resulta central: el trabajo doméstico deja de ser fondo silencioso para convertirse en protagonista. Nombrar el cuidado como trabajo es el primer paso para exigir su dignificación y para visibilizar un sistema hegemónico que lo ha relegado históricamente. Cuando se anunció que el salario mínimo aumentaría un 23 %, muchas de las voces que cuestionaron si era “justo” ese incremento apuntaron precisamente a las trabajadoras y trabajadores domésticos, como si la economía del cuidado continuara escondida, sin reconocer su aporte real al PIB y a la estabilidad social.
Pero este debate no puede quedarse solo en la pantalla ni limitarse a las discusiones coyunturales sobre el aumento salarial. Es un tema que la academia debe abordar con mayor profundidad. El trabajo doméstico no debería analizarse como una excepción, sino como parte central de la estructura productiva del país. En los programas de formación docente y en los espacios universitarios donde se reflexiona sobre género y desigualdad, el cuidado debe estudiarse como categoría económica y política, no únicamente como experiencia privada.
Incorporar estas discusiones en la academia implica reconocer que la desigualdad no se reproduce únicamente en los grandes mercados, sino también en los grupos familiares. Significa investigar la informalidad persistente, evaluar el impacto real del salario mínimo en este sector y cuestionar los imaginarios culturales que continúan justificando brechas salariales. La formación universitaria no puede limitarse a describir la norma; debe problematizar su aplicación y sus límites. Desde disciplinas como Desarrollo Familiar, se hace evidente la necesidad de develar y exponer con vehemencia la minusvaloración histórica de este sector.
No se trata únicamente de cumplir con el salario mínimo vital familiarl. Se trata de comprender que el cuidado genera valor económico y social, que permite que otros sectores produzcan, que profesionales desarrollen sus carreras y que la infancia y la vejez estén acompañadas. Si este trabajo sostiene la estructura social, su remuneración no puede situarse en un plano marginal. El salario mínimo vital familiar debería ser piso de dignidad, no techo de aspiración. Como sociedad, aún arrastramos conductas clasistas y mezquinas que dificultan este reconocimiento, pero quienes ejercen esta labor deberían contar con una remuneración acorde con la exigencia y la responsabilidad que implica.
La dignificación del salario en el trabajo doméstico no es una concesión ni un gesto de generosidad. Es la consolidación de un principio básico: quien cuida merece cuidado institucional y remuneración justa. Cuando hablamos de mujeres que además sostienen solas a sus familias, la exigencia deja de ser retórica. Es una condición mínima de coherencia social que debe discutirse en las casas, en el Congreso y también en las aulas.
Bonus track: El 8 de marzo no puede quedarse en flores ni discursos. Si habrá elecciones, quienes aspiren a cargos públicos deben responder con claridad: ¿qué harán para formalizar el trabajo doméstico?, ¿cómo garantizarán seguridad social y un salario realmente digno para quienes cuidan? No basta con hablar de crecimiento económico mientras se ignora a quienes sostienen ese crecimiento. La economía del cuidado no es un tema decorativo de campaña; es una prueba concreta de coherencia política. Quien evada este debate está eligiendo perpetuar la desigualdad.
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