Por: Andrés Felipe Ortega Estudiante Desarrollo Familiar y Ciencias Sociales.
Colombia suele pensarse desde las ciudades, pero su realidad sigue siendo profundamente rural, de acuerdo con cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca de 7,5 millones de personas habitan en centros poblados y zonas rurales dispersas, lo que representa aproximadamente el 15% de la población nacional. En esos territorios se produce gran parte de los alimentos que consumimos, se sostienen economías familiares y se preservan formas de vida que han resistido décadas de abandono estatal, violencia y desigualdad estructural.
De este universo rural, se estima que entre 2,5 y 3 millones de personas son productores agropecuarios, en su mayoría pequeños productores y campesinos familiares. Ellos son, en teoría, los destinatarios de los créditos de fomento, las garantías estatales y los incentivos a la producción administrados por Finagro. Sin embargo, las cifras muestran una brecha profunda entre el diseño de la política y su alcance real. En los últimos dos años, alrededor de 255.000 pequeños productores accedieron por primera vez a crédito agropecuario, lo que representa apenas una fracción del total de campesinos que podrían necesitarlo. Aunque el Estado cuenta con instrumentos de fomento rural y subsidios diseñados para este sector, las cifras muestran que solo una fracción logra acceder efectivamente a ellos, generalmente quienes tienen información, acompañamiento técnico y capacidad administrativa para sortear los trámites del sistema financiero.
Esta brecha entre el campo real y el campo que aparece en los discursos públicos quedó crudamente expuesta en la reciente columna, el pasado domingo 14 de diciembre en la revista Cambio y Los Danieles denominada: “Agro Ingreso Cabal” del periodista Daniel Coronell. Allí se evidencia una contradicción difícil de ignorar: mientras desde ciertos sectores políticos se descalifica el subsidio estatal en nombre de la “dignidad del trabajo” y se presenta como una práctica indeseable para los pobres, en la práctica esos mismos sectores o sus grupos familiares acceden a créditos preferenciales, garantías estatales y subsidios pensados originalmente para pequeños productores rurales.
Esta discusión no me resulta ajena, ya quien escribe esta columna participa activamente en un espacio radial local de carácter informativo como editor del programa radial, de la Fundación Llanoadentro, desde donde se comparten noticias rurales, convocatorias institucionales y testimonios de campesinos que, en muchos casos, ni siquiera conocen la existencia de estos fondos o no cuentan con el acompañamiento necesario para postularse. Desde allí, la desigualdad no se mide en cifras abstractas, sino en proyectos rechazados, trámites inconclusos y oportunidades que nunca llegan a la vereda.
La doble moral se hace evidente cuando el subsidio es presentado como una forma de dependencia si llega al campesino pobre, pero como un derecho legítimo cuando beneficia a quienes ya concentran tierra, capital y poder político. El problema no es la existencia del subsidio rural; el problema es su captura por quienes no encarnan la vulnerabilidad que la política pública dice priorizar. Cuando el acceso depende más de abogados, contadores y relaciones que de la realidad productiva, el sistema deja de ser justo y pierde su sentido social.
Cuando se discute el acceso a subsidios y fondos de fomento rural, no se está hablando de privilegios ni de minorías marginales, sino de una población de cerca de 7,5 millones de personas que habitan la ruralidad colombiana, según cifras oficiales del DANE. Personas que sostienen la alimentación del país, que enfrentan condiciones históricas de exclusión y que, paradójicamente, ven cómo los instrumentos creados para cerrar brechas terminan siendo capturados por quienes no viven ni dependen del campo. La tarea urgente no es desmontar los apoyos rurales, sino democratizar su acceso, fortalecer la difusión de las convocatorias y garantizar que los pequeños productores reales —no los de papel— puedan participar. Solo así dejaremos de vivir en un mundo al revés y empezaremos a construir una ruralidad con justicia, coherencia y dignidad.
Hablar hoy de subsidios rurales no es un debate técnico ni ideológico: es una discusión profundamente ética sobre a quién sirve realmente el Estado. Cuando los recursos públicos diseñados para los pequeños productores terminan beneficiando a quienes ya concentran tierra, poder y voz política, no estamos ante simples fallas administrativas, sino frente a una distorsión del principio de justicia social. En un país donde millones de personas en la ruralidad siguen excluidas del crédito, la asistencia técnica y la información básica, la captura de estos instrumentos profundiza la desigualdad y erosiona la confianza en lo público. El verdadero desafío no es acabar con los apoyos al campo, sino garantizar que lleguen a quienes sostienen la vida rural todos los días, sin intermediarios privilegiados ni dobles discursos.
Un país que le niega el subsidio al campesino mientras se lo entrega al poderoso no tiene un problema de recursos: tiene un problema de moral pública.
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