Por: Daniel Moreno Verhagen – Abogado, especialista en Gobernanza y Desarrollo Territorial.
La discusión alrededor del incremento del 23% del Salario Mínimo Legal Vigente es un debate que nos atraviesa a quienes trabajamos, emprendemos, dirigimos equipos o tomamos decisiones todos los días. No veo este momento como una pelea entre bandos, sino como un llamado a asumir responsabilidades compartidas. Si queremos condiciones laborales cada vez más dignas, también tenemos que comprometernos a que las empresas funcionen mejor, sean más productivas y sostenibles. No es el gobierno contra los empresarios, ni los empleados contra sus jefes. Somos todos, en el mismo barco, remando en la misma dirección, enfrentando un reto común que no admite lecturas simplistas.
Desde ahí vale la pena mirar el aumento del salario mínimo en Colombia. Para millones de personas que devengan el SMLV, el incremento representa un alivio real frente a un costo de vida que ha venido creciendo de manera sostenida. Es una medida que busca proteger a quienes están en la base de la estructura salarial y que conecta con la idea de dignidad del trabajo. Ese impacto positivo existe y no puede minimizarse: para muchos hogares, el aumento marca una diferencia concreta en su día a día.
Sin embargo, la conversación suele dejar en segundo plano a otro grupo que también hace parte de esta realidad: los trabajadores que ganan más de un salario mínimo y no reciben ajustes equivalentes. La ley es clara en señalar que el incremento obligatorio aplica exclusivamente al SMLV y que los salarios superiores no están sujetos a un aumento automático. En un contexto inflacionario, esto implica que muchos trabajadores formales ven cómo su ingreso real se reduce, aun cuando cumplen con sus responsabilidades y aportan al funcionamiento de las organizaciones. Esa sensación de rezago también merece ser escuchada.
Del lado empresarial, el escenario es igualmente complejo. Para emprendedores y pequeñas y medianas empresas, un aumento significativo del salario mínimo supone mayores costos laborales y decisiones difíciles en materia de precios, inversión y empleo. No se trata de resistencia al bienestar de los trabajadores, sino de la necesidad de sostener empresas viables en un entorno exigente, marcado por baja productividad estructural, alta informalidad y márgenes cada vez más estrechos.
Por eso, este debate no puede reducirse a quién gana y quién pierde. Las mejores condiciones laborales no pueden desligarse de la sostenibilidad empresarial, ni la estabilidad de las empresas puede construirse ignorando el bienestar de quienes trabajan en ellas. Avanzar hacia un mundo del trabajo más justo exige corresponsabilidad: más dignidad laboral, sí, pero también más compromiso y productividad de todos. Al final, remando juntos podremos construir un sistema laboral y social más humano, más equilibrado y sostenible.
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