Por: Daniel Moreno Verhagen – Abogado, especialista en Gobernanza y Desarrollo Territorial.
Durante años se nos dijo que la política era un asunto lejano, incómodo o exclusivo de quienes aspiran a cargos públicos, o peor aún, se instaló la idea errónea de que la política sólo debería importarle a los empresarios que contratan con el Estado. Como si el resto del sector productivo pudiera mantenerse al margen sin consecuencias.
La realidad ha demostrado lo contrario: las decisiones públicas influyen de manera directa en la empresa, en el empleo y en la economía familiar, independientemente de cualquier vínculo con la elección popular o la contratación estatal. No es una discusión ideológica, es una constatación práctica de cómo se gobierna un país.
El salario mínimo que se fija cada año impacta los costos, la formalidad y la capacidad de crecimiento de los negocios. El sistema de salud define el bienestar de los trabajadores, los niveles de productividad y los costos indirectos que asume la empresa cuando el sistema no funciona. La seguridad condiciona la inversión, la operación y la tranquilidad para producir. Y los impuestos, más allá de la contabilidad, determinan la competitividad, la liquidez y las posibilidades reales de reinversión.
En escenarios extremos, conviene recordar una idea básica: lo último que se acaba en un país es el Estado. Cuando la economía se desacelera, cuando el mercado se contrae o cuando la incertidumbre crece, las decisiones públicas siguen marcando el rumbo, para bien o para mal. Por eso ninguna empresa está realmente por fuera de estas dinámicas, incluso aquellas que nunca han tenido ni tendrán relación con contratos estatales.
Las reglas del juego se definen en escenarios públicos y afectan por igual a grandes, medianos y pequeños empresarios. Permanecer al margen no evita el impacto; simplemente implica no participar en la conversación donde se toman las decisiones. El silencio no protege, solo deja el espacio libre.
Por eso, los asuntos públicos y el relacionamiento institucional no deben entenderse como militancia política, sino como una práctica responsable. Informarse, dialogar y aportar visión técnica y experiencia empresarial es legítimo y necesario para mejorar la calidad de las decisiones públicas. Comprender la política como un factor estructural del desarrollo empresarial no es ideológico, es estratégico para el desarrollo social del país.
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