EDITORIAL
En diplomacia, como en política, la ropa sucia no se lava en público… y mucho menos en el extranjero. Pocos colombianos saben realmente qué hace la Cancillería. Y sin embargo, sus decisiones (o sus errores) tienen el poder de cerrar embajadas, frenar tratados, aislar a Colombia del mundo o incluso dejar sin pasaporte a miles de ciudadanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores —ese que suena tan lejano en el organigrama del Gobierno— es hoy el epicentro de una tormenta política que el país apenas empieza a dimensionar.
En menos de tres años, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido tres cancilleres: Álvaro Leyva, inhabilitado por 10 años; Luis Gilberto Murillo, quien renunció para lanzarse al 2026; y Laura Sarabia, quien prefirió apartarse por un choque de trenes con el nuevo jefe de gabinete, Alfredo Saade. ¿El detonante? Un escándalo de proporciones mayúsculas: el contrato de pasaportes.
Pero este no es un simple pleito contractual. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para operar frente al mundo, la seguridad documental de los colombianos, y el liderazgo institucional de un ministerio clave que hoy parece estar en manos de operadores políticos sin experiencia, no de verdaderos diplomáticos.
La ciudadanía no lo nota porque la política exterior no da votos. Pero los efectos ya se sienten: demoras en las citas de pasaportes, caos logístico en consulados, y una creciente pérdida de credibilidad frente a socios internacionales que no entienden cómo una nación suspende tres veces la misma licitación y termina enfrentada con la misma empresa que la imprimía desde hace más de 10 años.
Más grave aún es lo que está ocurriendo tras bambalinas: funcionarios sin competencia legal —como el jefe de despacho Saade— impartiendo órdenes operativas dentro de la Cancillería, en contravía del orden institucional. Hoy, tanto él como los dos últimos cancilleres están siendo investigados por la Procuraduría por extralimitación de funciones y posibles faltas gravísimas.
Colombia necesita volver a entender que la Cancillería no es un apéndice ceremonial, sino la institución encargada de abrir mercados, proteger migrantes, liderar la defensa internacional del país y proyectar su voz en el concierto global. Mientras se siga usando como campo de batalla política o repartija burocrática, el verdadero costo lo pagarán los ciudadanos: desde el joven que no puede viajar a estudiar, hasta el empresario que pierde un acuerdo comercial.
Este no es un tema de izquierda o derecha. Es una alerta institucional. Es hora de que el presidente Petro asuma con seriedad la conducción de su política exterior y devuelva a la Cancillería el rigor, la diplomacia y la legalidad que merece. El mundo no espera. Y Colombia no puede seguir improvisando.
Estamos en una era marcada por conflictos internacionales que amenazan con desatar una tercera guerra mundial. Las tensiones entre Estados Unidos, Rusia, China, Irán e incluso potencias emergentes reconfiguran el orden global a una velocidad vertiginosa. Mientras tanto, Colombia pierde voz y posición por cuenta del desgobierno diplomático. En este escenario, donde cada país lucha por garantizar seguridad, comercio, migración y soberanía, no tener una Cancillería seria, estratégica y bien conducida es equivalente a desarmarse en medio de una guerra silenciosa. Nadie respeta a un país cuya diplomacia interna se resuelve con WhatsApps, vetos personales y operadores sin competencia legal.
Pácora, julio 13 de 2025.
Recommended for you
