Por: Mario Arias Gómez
Retrotraigo a la memoria la dramática frase de la guillotinada Madame Roland (1754-1784): “Oh libertad, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!, dicha antes de ser decapitada en tiempos de la Revolución Francesa; frase que conturba, deja -en mi caso- sin respiración al parodiarla, en busca de resumir el criminal, desbordado, espeluznante, trágico mandato del desalmado, delirante, espurio, inepto, locuaz presidente Petro: ¡Oh CAMBIO!, ¡cuántas injusticias se cometen en Colombia en tu nombre! CAMBIO desnaturalizado, por el convicto malhechor. Desventura que sobrellevamos, soportamos estoicamente los colombianos.
Tarea materialmente inalcanzable, la de tratar de describir en el espacio (minúsculo) de la columna, el sentimiento de dolor y tristeza provocado al ver ayer protestando a lo largo y ancho del país, a los atribulados contemporáneos, por la crisis -sin solución- humanitaria causada por el colapso del servicio de salud. Pandemónium provocado por el indeseable Gobierno -dicho con todas sus letras- que prometió en campaña corregir, mejorar; incumplimiento que cargará por el resto de sus días, con el estigma del sufrimiento hurgado a los colombianos.
Problemática de inusitada gravedad, acrecentada por el nocivo proyecto caprichosamente impulsado por el Gobierno en forma indolente, aprobado por la Cámara de Representantes (6/03/2025), y que sin escapatoria la Comisión VII del Senado hundirá como en el pasado lo hizo con el versión de la ministra Corcho, esta vez por “vicios de forma” y por ser “altamente dañino, disfuncional, inconveniente, regresivo”, que “no corrige, resuelve los conflictos y fallas, sino que las empeora”, como patriótica, razonablemente concluyó la ANDI, al manifestar su “preocupación por los impactos negativos del susodicho remedo de reforma”; agremiación despectiva, grotescamente ninguneada por el permisivo, negligente, insoportable exguerrillero, que la calificó a sus agremiados de ‘codiciosos’, de ‘ricos epulones’.
Derecho a la salud reconocido por el artículo 49 de la Constitución, reformado por Acto legislativo 2 de 2009: «la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud», servicio que deberá prestarse de manera digna y oportuna, en el marco del principio de integralidad, en especial a los diagnosticados con cáncer, mantenidos en permanente zozobra, por las disciplinables (por la Super-Salud): inacción, ineficiencia, pasividad del Gobierno.
Crisis debida al moroso Gobierno -enemigo del sector privado- empeñado en estrangular financieramente a las EPS, que por reflejo se extiende a las agónicas IPS, obligadas a cerrar paulatinamente los servicios, al no pagarle a los proveedores, profesionales, especialistas y auxiliares de la salud; problemática complementada por el no suministro de medicamentos vitales -de alto y bajo costo- de las farmacéuticas, razón del desabastecimiento en los dispensarios. Círculo vicioso que le importa un carajo al Gobierno, al que reto para que presente un solo colombiano satisfecho con su enojosa, Insostenible, terrorífica gestión, que más temprano que tarde, provocará el latente aún estallido social.
Este el repetido calvario de los quejosos: “su medicamento no está disponible, vuelva a la EPS que le cambie de proveedor, o al médico para que le formule un medicamento alternativo”, que tampoco proveerán porque no lo tienen; medicamentos que deberá proveerse -Sí o SÍ- pues son de vida o muerte para todos los anticoagulados; trasplantados, enfermedades huérfanas; crónicas. La tutela -como último recurso- es burlada por el min-Salud de turno.
Crisis que no es por falta de recursos, sino porque los avezados delincuentes, alfiles de quien juró “luchar contra la corrupción, caiga quien tenga que caer” se los roban. Entramado agenciado por empresas de papel en las que aparece inmiscuida -aparentemente- Laura Sarabia, según Gustavo Bolívar -director de Prosperidad Social- quien le endilgó: ¿Es bueno para Colombia tener una canciller que esté mencionada en este escándalo? Señalamiento reforzado por el ex Supersalud, Luis Leal: “Cumpliendo con mi deber puse en conocimiento de la Fiscalía las pruebas de irregularidades que conocí como Super-Salud”, “invito a la canciller a que haga lo mismo”. “este país no aguanta más el robo de los recursos en la salud”.
El Gobierno corrió a tapar el escándalo con otro ’ratón para que cuidara el queso’, el apestoso titiritero, su operador político, el multiusos Armando Benedetti, ocupado en administrar la mermelada -burocrática, presupuestal- a efecto de salvar la agenda legislativa; mientras prepara la defensa de los dos juicios que lo acosan en la CSJ, ad-portas del tercero, por enriquecimiento ilícito, engavetado extrañamente en el despacho del magistrado, César Reyes, y un cuarto por el delito de injuria agravada. En paralelo, manipula el montaje del ‘frente amplio’, facilitado por el ‘papayaso’ que dice le brindaron los llamados por Petro “traidores” cada vez que archivan un proyecto de ley de su interés, enrostrándoles el “no estar cumpliendo una función constitucional sino delinquiendo”.
Epítetos replicados por ‘Mincho’ Cepeda -presidente del Senado-, quien “exigió respeto por la institución, parar las amenazas ante la soberana toma de decisiones, no subordinadas al querer del inhabilitado jarocho” cuya inacción, falta de logros, descalificada gestión, consumados actos de corrupción, se deben -habrase visto- al ‘infiltrado uribismo’, cuando no al ‘golpe blando’ o a los supuestos, repetitivos ‘intentos de asesinato’. Guiñapo que con sus mortíferos escuderos, garrapatas sacadas de la secular cantera del M 19, ¿Cuándo se jodió Colombia? Desde la misma posesión del pontífice, instalándose con él, la podredumbre rebautizada ‘CAMBIO’, trampolín electoral con miras al 2026.
Este el recuento de la priorización del gasto, que arrancó con la suscripción (a dedo) del multimillonario convenio, cuatro días antes de la lánguida marcha de la Consulta, entre el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) -telonero de la alocución presidencial- y el Ministerio de Educación, por la medio pendejadita de 57.694 millones de pesos, contrato antecedido de uno por $10.500 millones, la cual marcó, junto a la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC) que también ejecuta uno por $5.700 millones. Organizaciones con un largo historial de contratación en el gobierno Petro, razón para que marcharan eufóricas, felices; minga de la que su parigual se acuerda cuando de engrosar las marchas o de votar se trata.
En lo que va de corrido el mandato del CAMBIO el CRIC ha sido engolosinado, cautivado con 38 contratos por 162 mil millones de pesos; solo en 2023 ejecutaron $33 mil millones. Prosaico despilfarro mientras el resignado Juan-Pueblo -arrumado en los cinturones de miseria- muere de hambre, sus niños de desnutrición, les falta los medicamentos, los servicios públicos, les suben escandalosamente, igual que los intereses del ICETEX que Petro prometió condonar a los conejeados estudiantes. CONTINÚA
Bogotá, D. C., 22 de marzo de 2025
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