FALLOS

EDITORIAL

Se ha vuelto recurrente en Colombia la revocatoria en instancias superiores de fallos de la justicia y de los organismos de control después de pasar muchos años en los que el buen nombre y la honra de los afectados y sus familias, se vieron mancillados por estas decisiones erróneas.

Aunque muchos dirán que para ello existen las segundas instancias como garantía de revisión de las decisiones de primera y corrección de los errores, también es cierto que nuestra justicia es demasiado lenta en todos sus órdenes y transcurre mucho tiempo con las implicaciones y perjuicios que ello tiene para los afectados por las deciciones iniciales.

De acuerdo con estadísticas de la Corporación Excelencia en la Justicia basadas en informes oficiales del Consejo Superior de la Judicatura, 32 de cada 100 fallos de primera instancia son revocados o modificados en segunda.

En el caso de fallos contra funcionarios o servidores públicos de primer nivel, lo más grave de las decisiones erroneas de la justicia y de los organismos de control, es que muchas de ellas están contaminadas por intereses o presiones políticas para sacar de la arena a acontradictores o cobrarles que no se hayan sometido a sus caprichos.

Con esos fallos erróneos no solo se afecta la honra y el buen nombre del sancionado o condenado en primera instancia, sino que también tiene otras repercusiones como las indemnizaciones y las demandas de reparación contra el Estado, las cuales según César Palomino, presidente de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ascienden a 652 billones de pesos.

Ha quedado suficientemente demostrado que las acciones de repetición contra los funcionarios que profieren fallos erroneos no funcionan porque cuando prosperan, se han insolventado.

Los fallos erroneos de las autoridades judiciales y de los organismos de control no solamente afectan a las personas, también al Estado y a sus instituciones que pierden credibilidad y confianza ciudadana, además de asumir los costos de las demandas de reparación. Por ello es fundamental que se implementen sanciones ejemplarizantes para quienes los profieran lo que los obligaría a ser más cuidadosos y estudiosos.

Manizales, septiembre 08 de 2024.