EDITORIAL
Esta semana que termina, un nuevo escándalo sacude la política nacional. El pasado jueves en la noche, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento al senador del partido Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez Cortés, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
En el mismo expediente aparecen otros senadores con fuertes nexos en el departamento de Caldas como Samy Merheg, Juan Felipe Lemos Uribe, Carlos Abraham Jiménez, Miguel Ángel Barreto y Carlos Fernando Motoa. Estos parlamentarios son investigados por presuntas irregularidades registradas en el 2021 en un contrato interadministrativo celebrado entre el Departamento de la Prosperidad Social y la empresa Proyecta. Después de la captura de Ciro Ramírez, se dice que vienen nuevas ordenes de aseguramiento contra otros de los congresistas mencionados.
Pareciese que los escándalos de corrupción en el que aparecen involucrados congresistas de la república son de nunca acabar. El actual congreso lleva año y medio en el ejercicio de sus funciones y ya son muchos sus integrantes cuestionados no solamente por este caso.
La corrupción se ha convertido en una cultura para muchos servidores y funcionarios públicos. El país cuenta con suficiente legislación y normas para prevenirla y sancionarla, sin embargo, la impunidad y lentitud de los organismos de control, son un mal peor.
La mejor forma de controlar la corrupción es luchar contra la impunidad para que la justicia opere con prontitud y eficacia porque en la mayoría de los casos, las sanciones llegan mucho después de temrinados sus períodos o de dejar sus cargos. Este debe ser el propósito principal del momento.
Manizales, diciembre 17 de 2023.
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