EDITORIAL
Los contratos de prestación de servicio del sector público en Colombia, se convirtieron en una especie de esclavitud electoral aprovechando la necesidad de las personas.
Esta forma de contratación atenta contra la dignidad humana por el trato que reciben en muchas entidades del Estado, empezando con los honorarios mensuales que en la mayoría de los casos no son equivalentes al denominado salario integral.
Otra de las practicas aberrantes es el tiempo del contrato que en muchos casos es de dos, tres o cuatro meses lo que es un abuso con la estabilidad laboral, además de colocarlos a trabajar gratuitamente durante lapsos como condición para renovarles. Estos contratos nunca son por el año completo porque generalmente el mes de enero es para la legalización y en la mayoría de los casos culminan el 15 de diciembre.
De esta forma, políticos clientelistas, en algunos casos disfrazados de ordenadores del gasto, subyugan a los contratistas con esta práctica como única posibilidad de subsistir electoralmente.
En buena hora el Gobierno Nacional quiere tomar cartas en el asunto para evitar estos desmanes que, además del abuso con los contratistas, se han convertido en un desagüe para el erario.
De acuerdo con el Presidente Gustavo Petro, se busca que desaparezca esta clase de contratos y se den los rediseños institucionales para una vinculación laboral verdadera con todas las garantías legales y evitar las nóminas paralelas.
Aunque terminar esta clase de contratación en forma inmediata causa traumatismos a la administración pública, es importante que los diferentes entes territoriales y el departamento administrativo de la función pública empiecen a diseñar los nuevos esquemas de plantas de personal de las diferentes entidades.
La mayor dificultad que se tendrá para colocarle freno a esta práctica tan generalizada, es que no se cuenta con disponibilidad de recursos para pagar los nuevos salarios que se proyectan.
En circular a diferentes entidades del estado firmada por los directores de la Función Pública, César Augusto Manrique, y de Colombia Compra Eficiente, Stalin Ballesteros García, se dispuso que las entidades objeto de esta, no podrán suscribir contratos con personas naturales por un periodo mayor a cuatro meses para buscar el rediseño de las plantas de personal, y expone las excepciones en los que se podrán concretar por tiempo superior.
“Los contratos mencionados podrán exceder el plazo de cuatro (4) meses siempre que, de manera expresa y clara, se precisen las razones que justifiquen la fijación de un plazo mayor, así como los motivos por los cuales resulta conveniente proveer tal necesidad a través de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en lugar de la creación de un empleo de la planta temporal”, dispone la circular.
“Los contratos de prestación de servicio es para fines puntuales, nunca para cumplir misiones permanentes de las institucionales, cuando se disfrazan contratos reales en CPS u OPS las entidades incumplen los mandatos legales y constitucionales y se precariza el empleo público”, dijo el director de la Función Pública.
La intención del gobierno Petro en este tema es buena, aunque tendrá muchas dificultades su implementación. Aunque suene a utopía, las normas laborales en el país deben propender por lograr el denominado “salario emocional”. Solo así, habrá equidad laboral.
Manizales, 15 enero 2023.
@tintiando
Recomendado para usted
