Opinion

La tierra invadida

Tiempos difíciles se avizoran para los productores agropecuarios, no tanto por el propósito del gobierno de profundizar la Reforma Rural Integral del Acuerdo con las Farc y adquirir 3 millones de hectáreas para el Fondo Gratuito para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, sino por la incertidumbre sobre los instrumentos que se utilizarán para obtener esas tierras, y ahora por la amenaza de quienes piensan que el anuncio gubernamental es patente de corso para ocupar o invadir fincas productivas, con impactos económicos y sociales traumáticos en la región.

La Hacienda La Oka, en Curumaní, Cesar, fue víctima de un intento de ocupación el domingo 21 en la noche, cuando 200 personas aparecieron armadas de palos y machetes, amedrentaron a los trabajadores, le quitaron las llaves al administrador y, así nomás, se tomaron la finca, aduciendo que son parte de un “comité pro reivindicación de tierras” y, que, sencillamente, la necesitaban para trabajarla.

No fue una invasión propiamente dicha, pues no pretendían armar cambuches para vivir en ella; sino más bien una “ocupación”, una toma con intenciones de hacerse al control y explotarla a su manera, según decían; en la práctica, una expropiación de hecho.

¿Qué preocupa? El ruido de la consigna zapatista que incendió a México a comienzos del siglo pasado -¡La tierra para quien la trabaja!-, no tanto porque acceda a tierras el campesino que la necesita y la trabaja, que es el objeto del Fondo Gratuito, sino porque los invasores, que hoy se multiplican en Cauca y Valle, y empiezan a aparecer en la costa Caribe, no son precisamente campesinos de manos callosas por el azadón y de piel curtida por el sol, sino actores al servicio de vaya uno a saber qué intereses, que buscan generar situaciones de conflicto alrededor de la propiedad privada y afectar el desarrollo normal de las actividades productivas, quizás esperando que esas mechas encendidas aquí y allá se conviertan en incendio, algo que el gobierno deberá evitar y enfrentar, si es el caso.

Preocupa que se conformen esos grupos que no buscan reivindicaciones por las vías democráticas, sino por las de hecho, con la violencia como procedimiento, siguiendo el camino marcado por el CRIC en el Cauca, cuya “Plataforma de Lucha” está basada en la “Recuperación de la Madre Tierra” en virtud de pretendidos “derechos ancestrales”, con los que se sienten autorizados a invadir y destruir, incurriendo en graves delitos que se diluyen en su jurisdicción especial, y violando el derecho a la legítima propiedad privada.

¿Qué rescato? La sensatez de los propietarios, que no acudieron al enfrentamiento, sino a las autoridades, como es debido. Rescato la respuesta de las autoridades, con la Alcaldía de Curumaní a la cabeza, la Personería, la Inspección de Policía, la Defensoría del Pueblo y el Ejército y la Policía Nacional, frente a una ocupación que, como expresó FEDEGÁN en su comunicado oficial, vulneraba los derechos del propietario y los de sus trabajadores.

Y rescato, sobre todo, la solidaridad ganadera; y no solo la rescato, sino que me enorgullece como dirigente gremial. Debió ser emocionante para el propietario ver que, muy rápidamente, no solo sus vecinos, sino desde Valledupar y de municipios cercanos, aparecieron más de 80 vehículos con ganaderos que no llegaban con ánimo retador ni violento, sino a decir “aquí estamos”, para acompañarlo solidariamente y para apoyar con su presencia a las autoridades.

El resultado no pudo ser otro; los ocupantes abandonaron el predio pacíficamente, porque frente a la civilidad de los ganaderos y a la acción asertiva de las autoridades, sencillamente…, la violencia se doblega. ¡Ese es el camino!

Nota Bene: Oportunas las declaraciones de la ministra Cecilia López Montaño, cuando dijo en el Putumayo “…que tenemos que respetar nuestra Constitución. Tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe. Esto es un mensaje, crítico, no es invadiendo tierras. No perdón”.

* Por: José Félix Lafaurie – Presidente FEDEGAN.

@jflafaurie

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