En la recta final de la campaña presidencial solo nos queda frustraciones, incógnitas respecto al futuro institucional del país, donde los programas de gobierno, el análisis de los graves problemas que aquejan a la sociedad colombiana, no fueron abordados con la rigurosidad que se le impone a un aspirante a dirigir los destinos de un estado, asediado por conflictos colectivos, brillando las acusaciones mutuas, las frases desafortunadas, como aquella que toca con la ley y la constitución, noticias falsas para desprestigiar al contrincante, y hasta amenazas de muerte, aspectos estos dimensionados por las famosas bodegas de campaña que funcionaron sin consideración alguna.
Cosa diferente es utilizar las deficiencias programáticas del contendor, el desconocimiento de la realidad social del momento, las propuestas infundadas con tinte populista, otra distinta es acudir a la difamación, a las infiltraciones, ataques a la vida privada, a los montajes publicitarios, que bien pueden estar cercanos a los linderos penales.
Deficiencias muchas en los temas que se plantearon, bien por desconocimiento de los mismos, o por el temor a comprometerse en aspectos de tanta relevancia para la sociedad, como el de las reformas a la justicia, la electoral, la política, la tributaria, la de pensiones, si se respetarán los derechos adquiridos, el manejo de las relaciones internacionales, en buen romance, asuntos todos urgentes para quien obtenga el favor popular.
Sea el momento para recordarle al triunfador del próximo domingo, que un estado de derecho que diga ser democrático, tiene que estar edificado sobre leyes y normas jurídicas, que como emanaciones de la justicia correspondan a las exigencias del respeto a su estructura constitucional, lo contrario sería caer en el campo del autoritarismo, del despotismo, ajeno a la tradición civilista del pueblo colombiano.
Cierto es, que así como se le pide al futuro gobernante respeto por el estado de derecho, igual exhortación a la rama legislativa y judicial, aceptando que ha llegado la hora de ser objeto de revisiones sustanciales, a la primera dotándola de los instrumentos para ejercer con trasparencia la función de control político que le corresponde por mandato legal, como un severo régimen para los casos de violación de inhabilidades e incompatibilidades, manejo indebido de los conflictos de intereses y ausentismo parlamentario.
En cuanto a la rama judicial una reforma estructural, donde el ciudadano se beneficie con una justicia eficiente, eficaz, pronta y cumplida, como lo ordena la Constitución Política.
ADENDA: Cuanto ahorraría el fisco nacional, si la nueva administración fijara su mirada en las famosas nóminas paralelas para satisfacer cuotas políticas, como a los contratos de prestación de servicios sin fundamento utilitario alguno para la entidad respectiva, como las millonarias cifras para escoltas, carros blindados, logística para esos empleos, a personajes que ejercieron alguna posición de mando en el pasado, retirados hoy de toda actividad, personal utilizado en forma arbitraria para actividades domésticas. Serían miles de millones.
Que dios nos coja confesados a la 6 pm del próximo domingo.
* Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
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