Hoy, Colombia ocupa en Latinoamérica el deshonroso primer lugar después de Argentina en consumo de alcohol en edad escolar y ese es el tema que nos debe ocupar en el Congreso, proteger a nuestra niñez y juventud; más no estar pensando en constitucionalizar el consumo de drogas como derecho fundamental, como se pretendía hacer con la marihuana para uso “recreativo”, discusión en la que participé la semana anterior.
Por fortuna, y tras una decidida lucha que tuvimos, el Congreso entendió que la legalización del uso del cannabis “recreativo” no era el camino para enfrentar la lucha contra las drogas en nuestro país, en este debate alertamos que no se trataba de un proyecto de ley, por el contrario, se pretendía constitucionalizar la marihuana, lo que convertiría a Colombia en el primer país del mundo en incluir las drogas en su Constitución. Si queremos parecernos a Estados Unidos o a Europa, igualémonos en los sistemas de educación, o en los avances de la ciencia y la salud, no en abrir este boquete a las drogas para el cual no estamos preparados como nación.
En respuesta a quienes desacreditan nuestros argumentos, acusándonos de godos y religiosos, les digo que yo no profeso una fe vergonzante, que soy Cristiano Católico, pero en el debate no saqué mi camándula para hablar en contra de la legalización de las drogas, sino que saqué la Constitución, la ley y hablé de estudios e informes internacionales, porque, en definitiva, incluir la marihuana en la Constitución no resuelve el problema y adolecería de constitucionalidad.
No podemos exponer más a nuestros niños y niñas como ya sucede con el alcohol, que supuestamente es para adultos. ¡Por Dios! Solo basta con mirar en las esquinas de los barrios donde menores de 10 y 12 años “hacen vaca” y mandan a uno con cédula a que lo compre. No podemos permitir que el sufrimiento de miles de familias del país, que tienen a sus hijos inmersos en las drogas, se incremente.
Por eso, hay que decir que no es un acto legislativo lo que necesita aprobar el Congreso, los invito a que regularicemos el consumo de drogas a través de una ley estatutaria, que logre evitar que los niños y jóvenes accedan a las drogas y que a la vez no se criminalice al adulto que libremente desea consumirlas. Hay una imperiosa necesidad por adelantar políticas de prevención y promoción, hablemos de la obligación que tiene el Estado de atender la drogadicción como un problema de salud pública.
Quiero recordarles que este Congreso debatió la ley 2000 de 2019 de la cual soy autor y que permitió regular y prohibir el consumo de drogas en los parques, en los escenarios deportivos y entornos de los colegios, para proteger a los niños y a las niñas. Ahora bien, creando un derecho fundamental a consumir drogas esos “jíbaros” que se disfrazan con la dosis mínima en un parque, con una sola tutela podrían dejar sin efectos la ley 2000 de 2019.
Íbamos a retroceder, a abrir la puerta. Claro, esto es un discurso de moda que pretenden incluir en la Constitución para ganar adeptos y por eso ahora salen a decir que somos retrógrados. Los invito, en tono menor, congresistas, a que colombianicemos el debate. Somos muy dados a compararnos con Estados Unidos o con Canadá y creemos que con parecernos a ellos vamos a eliminar nuestros problemas y no los analizamos desde la raíz.
Si queremos compararnos, comparémonos con Uruguay que desde 2013 legalizó las drogas y las estadísticas no son para nada esperanzadoras. Según informe del 2019 de BBC Mundo, en este país de 3,4 millones de habitantes, aumentó el consumo de drogas en jóvenes, se incrementó el mercado negro y el narcotráfico. Ahora esperemos ver las cifras de las graves consecuencias del deterioro y los altos costos en el sistema de salud en el hermano país que ya legalizó las drogas.
* Por Erwin Arias – Representante a la Cámara.
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