Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
Noticia tras noticia, una y otra vez, referida de varias maneras, la misma noticia que se ha convertido en algo cotidiano en el país. La corrupción en sus múltiples facetas, en el gobierno central, en las Gobernaciones, en las Alcaldías, en el sistema de salud, en los alimentos de los niños, en las empresas de servicios públicos, verdaderos carteles que tiene asombrada a una sociedad que observa expectante los nulos resultados en las investigaciones por los organismos competentes.
Pero si lo anterior fuera de poca monta, el gobierno nacional, con el asentimiento de un Congreso que parece no aprendió la lección de lo sucedido años atrás cuando fue revocado para dar paso a la constituyente del 91, so pretexto de una reactivación económica, propone la eliminación de la llamada ley de garantías, que congela la contratación estatal en los periodos preelectorales, abriendo de par en par las puertas para la corrupción administrativa, o dicho en otros términos, la destinación de recursos públicos con fines proselitistas.
De plácemes deben estar los gobernadores y alcaldes, como sus padrinos políticos con este desaguisado gubernamental, que infringe normas procedimentales, por cuanto la ley de presupuesto donde se incluye este orangután, es una ley orgánica no siendo PERMITIDO introducir cosas diferentes a las relacionadas con la destinación de los recursos públicos.
Ahora bien, el artículo 152 de la constitución establece las materias sobre las cuales se debe legislar mediante ley estatutaria, como lo es la ley de garantías, no pudiéndose modificar a través de una ley de rango menor.
Flaco servicio le presta al país, el presidente, su Ministro de Hacienda, como el Congreso, en la tarea de combatir ese cáncer que carcome las estructuras estatales, obligados por mandato legal en su erradicación, al suspender la aplicación de la susodicha ley a pocos meses de unos procesos electorales, prohibición que solo busca la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Llama la atención la oposición del entonces senador Duque cuando se discutió ese tema en la pasada administración, con fuertes críticas a la iniciativa gubernamental, la que hoy propone y defiende como presidente, que demuestra una vez más su falta de coherencia y criterio en los asuntos de estado.
ADENDA. Importante recordarles a las comisiones económicas del Congreso la diferencia entre una Ley Estatutaria y la orgánica. La primera tiene una categoría superior a las demás clases de leyes, estableciéndose un trámite especial para su expedición por su importancia jurídica, con revisión de constitucionalidad, las segundas, son las que se requieren constitucionalmente para regular ciertas materias, como lo es la de presupuesto.
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