Opinion

¿PROSPERA LA MOCIÓN DE CENSURA EN NUESTRO PAÍS?

Por: Wilder Escobar – Ingeniero industrial; Especialista en Finanzas Públicas; Especialista en Administración en Salud; Magister en Desarrollo Regional y Planificación del territorio y Candidato a Magister en administración pública.

Cada cierto tiempo los colombianos escuchamos o leemos en los medios de comunicación que un alto funcionario del Gobierno Nacional se debe someter a una moción de censura. Hace poco, entre los meses de mayo-junio de este año, le ocurrió al ministro de defensa Diego Molano y antes de él les sucedió lo mismo a otros dos ministros de defensa del Gobierno de Iván Duque, sin olvidar al Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quienes también habían pasado por ese tortuoso camino. Hoy se encuentra de moda la moción de censura en contra de la ministra de las tecnologías y las comunicaciones Karen Abudinen por los problemas generados por la presentación de unas pólizas falsas que respaldaban un billonario contrato cuyo objeto era llevar internet a las zonas más alejadas de nuestro País.

¿Pero qué es una moción de censura? Es la pregunta que se podrían hacer aquellos ajenos a las lides de la administración pública. En principio, debemos decir que no existe ninguna definición en nuestra Constitución o en la ley que nos permita tenerla como referencia para una mejor comprensión, de ahí que debamos acudir a los jueces de la República para acercarnos a una posible definición. Al respecto el Consejo de Estado órgano judicial de cierre de la justicia contencioso- administrativa ha dicho que es una especie de sanción de carácter político en ejercicio del control de esa misma naturaleza ejercido por el Congreso de la República sobre la administración pública, que implica, en caso de prosperar, el retiro del funcionario del cargo.

Esta figura se encuentra contemplada en el artículo 135 numeral 9 de la Constitución Política de Colombia quien establece los funcionarios a los cuales va dirigida: ministros, superintendentes y directores de departamento administrativo por asuntos relacionados con sus funciones o por no atender los requerimientos y citaciones del Congreso de la República, y de ser aprobada el funcionario será separado del cargo.

Como podemos observar, esta es una institución que tiene como fin el control político ejercido por el Congreso de la República sobre el ejecutivo al darle el poder de remover de su cargo a cualquiera de estos funcionarios cuando consideren que no están cumpliendo adecuadamente con sus funciones o no atiendan los llamados a dar explicaciones o rendir cuentas al órgano legislativo. Es decir, es una intromisión en las facultades del Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y quien es autónomo en la conformación de su equipo de Gobierno, como parte de los pesos y contrapesos establecidos en nuestra Constitución para equilibrar los poderes públicos y no permitir una marcada supremacía de uno con respecto a otro. Por lo que, si un gobernante se niega a remover uno de los altos funcionarios en mención, a pesar de lo evidente de sus errores, es el Congreso como representante del pueblo quien podrá hacerlo.

Pese a lo importante de esta figura en un régimen presidencial como el nuestro, en donde el Presidente acumula unos poderes visiblemente superiores a las demás ramas del poder público, esta no ha tenido un uso adecuado, ya que a pesar de la reforma constitucional introducida mediante el Acto Legislativo 01 de 2007, al día de hoy, ninguna moción de censura ha prosperado en nuestro País, sin importar la gravedad del asunto que la convoca. Ello debido a que el ejecutivo cierra filas en torno a su funcionario, al sentir que, de prosperar la moción, sería como un voto negativo hacia el Presidente de la República y todo su Gobierno, por lo que buscan afanosamente los apoyos necesarios para que no prospere.

Es necesario advertir que el actual Gobierno ha sido el que más mociones ha enfrentado, y aún no finaliza su periodo, y a pesar de que ninguna de ellas ha prosperado oficialmente,  ha sido motivo de renuncia de tres de ellos, la ministra Abudinen de las TIC y los exministros Guillermo Botero de Defensa y Alberto Carrasquilla de Hacienda, quienes se vieron obligados a hacerlo antes de enfrentar la votación por falta de apoyo de las mayorías, para de esa forma evitar la humillación del ejecutivo. Este no es un dato menor, si se tiene en cuenta que desde que fue creada esta institución por nuestra Constitución solo dos veces había sucedido algo similar, lo que deja en evidencia las dificultades enfrentadas por un Gobierno que no ha querido escuchar la inconformidad del pueblo y un Presidente que ha defendido a ultranza a sus alfiles a pesar de los graves cuestionamientos que han enfrentado. Pero tampoco nuestros Congresistas se han quedado atrás en no cumplir su trabajo, ya que a pesar de que son ellos quienes les han quitado la confianza a los ministros, motivo que finalmente condujo a sus renuncias, han hecho caso omiso al artículo 135 de la Constitución antes mencionado, que dispone que la moción de censura podrá llevarse a cabo aún después de la renuncia del alto funcionario. Sin embargo, está en sus manos que esta lamentable tradición cambie, si a pesar de la renuncia de la ministra continúa con la moción hasta el final. ¡VEREMOS!  

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