Opinion

EL MAL USO DEL PODER

Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.

En ciencia política se ha sostenido que el ejercicio del poder encierra en sí mismo la semilla de su propia degeneración, frase lapidaria que describe el peligro que produce el desbordamiento de este, de allí la importancia de los pesos o mejor frenos y contrapesos como fórmula democrática de estirpe liberal que solo busca evitar la concentración del poder en un solo agente del Estado.

No es bueno para el país como para su débil democracia que los distintos factores de poder que consagra nuestro esquema institucional sean cercanos al ejecutivo: Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría y en la mira un escaño en la Corte Constitucional, Sala Disciplinaria con tres ternas   elaboradas por el presidente que seguramente serán profesionales afines al gobierno, como la gerencia del Banco de la Republica   para quien hoy funge como Ministro de Hacienda.

Llama la atención el silencio de los estamentos políticos frente a esta toma silenciosa del Estado, algunos en luna de miel burocrática, sin considerar el daño inmenso que se le viene haciendo a la democracia colombiana, élites de poder que en últimas solo se preocupan por defender sus propios intereses, nacen en la política a través de procedimientos legítimos pero entran en una etapa donde se vuelven endogámicos queriendo tener más poder.

Todo obedece por el diseño existente de un régimen presidencialista donde es muy difícil hacerle el control político. Acá el  jefe de estado, el jefe de gobierno y de la administración pública es una misma persona, el Presidente  de la Republica, sin ninguna subordinación con respecto al  Congreso por cuanto su única  relación con este  no es directa, sino que se  desarrolla por intermedio de sus ministros, que puede terminar en una moción de censura, difícil de darse como la que se prepara para el  arrogante Ministro HOLMES, quien olímpicamente  desconoce las decisiones judiciales comportamiento propio de los gobiernos totalitarios.

No es ajena la coincidencia de estas actuaciones gubernamentales con el programa expuesto en la administración Uribe (2002) de modificar la estructura del Estado, incluida la administración de justicia, Corte única, reducción del Congreso, en buen romance limitar la democracia con un sistema de estado diferente al que se tiene, en otras palabras una clonación de agenda del gobierno.

ADENDA UNO: La prescripción no es más que un modo de extinguir las obligaciones y su aplicación también se extiende a las entidades públicas tanto a favor como en contra sin excepción alguna, razón suficiente para que el Consejo Nacional Electoral como titular de derechos y obligaciones patrimoniales deba cumplir con la normatividad vigente en cuanto a la reposición de gastos de las campañas electorales.

La constitución establece dos obligaciones dinerarias del Consejo nacional electoral a favor de las organizaciones políticas, una la financiación política y la financiación electoral, las cuales prescriben en TRES AÑOS, al cabo de dicho término la obligación se extingue desapareciendo el derecho que tiene la organización política de solicitar dicho reembolso, es lo jurídico, lo contrario sería incurrir en violación directa de la ley.

Interesante tema legal donde deberá pronunciarse el Consejo de Estado en demanda de simple nulidad a una resolución de la entidad electoral donde se le reconoce una reposición por votos al partido Cambio Radical presentada extemporáneamente su cobro, acción contenciosa incoada por el exmagistrado Amado Gutiérrez profesional especialista en estos temas electorales.

ADENDA DOS: Quejas y cuestionamientos por la forma como se gobierna una ciudad de la importancia de Manizales, con denuncias periodísticas que bien pueden culminar en investigaciones disciplinarias, fiscales como penales. Se pregunta ¿Dónde están los organismos de control, ejercen su actividad misional? De no hacerlo también los compromete por omisión con sus consecuencias.

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