Por: J. F. Paz – Ex magistrado / Consultor.
La pandemia fuera de desnudar la situación social del país, evidenciando las desigualdades existentes, de la imposición de medidas propias de regímenes absolutistas, puso de manifiesto la crisis carcelaria, aspecto olvidado por todos los gobiernos, que nos hace recordar la lapidaria frase de un Ministro de Justicia por la década de los noventa al tomar posesión de su cargo “solucionaré el problema carcelario del país a como dé lugar”, frase de cajón, más producto de su euforia burocrática, sin que se tenga esperanza alguna de ejecutarse una política coherente para atacar las diversas manifestaciones de violencia que genera la inseguridad ciudadana.
Razón le asistía a García Márquez, cuando al referirse al tema de la violencia, expresaba: “somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas, mientras las causas se eternizan, afirmación que cobra vigencia en el tema que nos ocupa, que hace referencia al sindicado delincuente, que cuando es aprehendido y se le inicia los trámites de enjuiciamiento, se le recluye en las destartaladas cárceles mal llamadas centros de reclusión.
El hacinamiento en la mayoría de las cárceles del país se constituye en un problema de gran calado social, el lamentable estado de sus instalaciones y las condiciones inhumanas en las que trascurre el día a día de los internos comprometen al estado como garante que debe ser de los derechos fundamentales.
Bastaría preguntar, ¿Qué se ha hecho para la creación de laboratorios de antropología y sicología criminal? ¿Qué sabemos de los factores autóctonos individuales y de ambiente que generan la criminalidad especifica? ¿Qué de los centros de salud mental para criminales? ¿Se ha tecnificado el instituto de medicina legal como organismo de apoyo logístico de la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía General de la Nación? ¿Se conoce una investigación oficial científica sobre la etiología del delito, para el análisis y tratamiento de la delincuencia? ¿Cuántos centros carcelarios se han construido en los últimos 20 años?
Se debe contestar negativamente, no hay política carcelaria, o por lo menos es lo que se percibe con la aglomeración de las cárceles, foco de enfermedades comprobado en los actuales momentos.
Urge proyectar por parte del Estado una política criminal, revisarse el sistema carcelario en la búsqueda de una concepción de la reclusión como escuelas de reeducación, como de trabajo productivo y no como engendro de delincuencia dirigida desde esos centros penitenciarios.
Es tema de la Ministra de Justicia, de su resorte misional, atender este delicado asunto de estado, dejando de lado sus ambiciones burocráticas, al parecer más dedicada a buscar integrar la terna para el Ministerio público, cargo que requiere de un ciudadano de las más altas condiciones personales, profesionales y de intachable comportamiento ético en su pasado y distante del gobierno.
Nada ganamos con aprehender al presunto delincuente, al bandido, al ladronzuelo, si nuestro publicitado sistema penal acusatorio lo libera a las horas, so pretexto de no cumplirse con ciertas formalidades, a pesar de haber sido sorprendido en flagrancia, o cuando se le libera bajo la manida y grotesca figura del vencimiento de términos.
ADENDA – 1: LA JUSTICIA AL REVES. Se trata de judicializar a los que denunciaron la ñeñe política tema sometido a la campana neumática y se mira hacia otro lado con respecto a quienes están seriamente comprometidos en ese escándalo electoral. No es bueno ni sano dicho comportamiento judicial, que nos hace recordar momentos aciagos de la Nación, que parecían olvidados.
2. ¿Hasta cuándo soportar el abuso con ribetes dolosos de las empresas de servicios públicos con las alzas desorbitantes de las facturas en esta época de crisis económica de los hogares colombianos? ¿Entenderá el gobierno lo del estado social de derecho? ¿Porque no actúa en la defensa del interés colectivo?.