Opinion

“Aún hay jueces en Berlín”

TOMADO DE EL PAÍS DE ESPAÑA

Catalina Oquendo B.

“Aún hay jueces en Berlín”. La frase recuerda una leyenda en la que Federico el Grande, rey de Prusia, decidió tumbar el molino de un campesino porque le incomodaba su vista desde el Palacio en Postdam. El molinero, sin embargo, decidió acudir a la justicia en Berlín y los jueces de esa ciudad le dieron la razón. El molino no se tumbó. La historia se convirtió en un ejemplo de la justicia como control al poder y se ha repetido por estos días en Colombia.

Esta semana, un juez de control de garantías de Antioquia ordenó compulsar copias contra el presidente Abelardo de La Espriella ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que “examine la exhibición pública” de los capturados a quienes De La Espriella les grita bandidos y les amenaza con que probarán “lo duro que muerde el tigre”. El juez se refería al caso de alias ‘Primo Gay’, que era buscado desde hace meses por su presunta participación en el asesinato de 13 policías en Amalfi, así como el homicidio del joven periodista, Mateo Pérez Rueda. El juez señaló que la Comisión debe investigar “las expresiones despectivas contra los capturados” y dijo que eso podría lesionar la dignidad humana del capturado.

No es la primera vez que ocurre un acto así. En los primeros tres meses de su Gobierno, el mandatario ha participado en varios operativos de la Policía o el Ejército en los que repite el mismo esquema: les grita a los capturados que son cobardes, asesinos, bandidos y miserables. La cámara los enfoca y él se va diciendo que verán lo duro que les caerá el tigre, como se autoidentifica. Y en algunos casos, ordena que los capturados sean rapados, al estilo de los detenidos por Nayib Bukele en El Salvador.

Sus acciones son celebradas en redes sociales por seguidores y otras personas que consideran que es un acto de valentía frente a presuntos criminales que tenían azotados a los ciudadanos. Pero expertos constitucionalistas y penalistas advierten no solo de la humillación que puede generar una violación sucesiva de garantías de los detenidos, sino de los riesgos de que esas amenazas presidenciales den al traste con los procedimientos de captura.

“Humillar a un detenido es violar la Constitución, sin importar lo grave que haya hecho, lo malo que sea o lo mucho que la sociedad lo odie”, escribió en sus redes el abogado Santiago Trespalacios. Como al juez de garantías le han llovido ataques virulentos. El abogado ha explicado que el presidente puede pensar todo lo que quiera de un detenido, pero el Estado no puede tratar a los capturados como “porquerías. Es el pacto Constitucional que nos rige quien lo impide”, dijo.

El presidente de La Espriella no se ha pronunciado sobre las palabras del juez de garantías que- a pesar de la advertencia legalizó la captura de ‘Primo Gay’, quien era uno de los hombres más buscados de Antioquia. Pero sí lo hizo el ministro del interior, Alejandro Ordóñez. A través de un comunicado de prensa de Presidencia, dijo que apoyaban al mandatario. “¿Cómo debe llamar el presidente al terrorista alias ‘Primo Gay’ para no ofenderlos? ¿Respetado ciudadano, excelencia o su señoría?”, ironizó Ordóñez, un reconocido ultraconservador. Además, anunció que lo seguirá haciendo.

El Gobierno, que acaba de cumplir 100 días, ha tenido la seguridad- al menos en videos- como el centro de su proyecto y, en los últimos días, como se explica en este reportaje, al déficit fiscal como amenaza. El mandatario ha tenido que dar reversa en decisiones que podrían costarle popularidad: decidió retirar el anuncio del IVA para productos de la canasta familiar que su mismo Gobierno había solicitado poner en una reforma tributaria que mandó al Congreso. La propuesta incluía aumentar el IVA a productos como el café.

Y recientemente se mostró sorprendido por los altos salarios del gerente y el equipo del Fondo Milagro, para la reconstrucción tras el terremoto. La oposición demostró que el Gobierno había creado un organigrama de 110 cargos con sueldos de hasta $39,4 millones y una nómina de más de $760 millones al mes mientras el Fondo no avanza. Ante las críticas, De La Espriella sacrificó al gerente y nombró a otro.

También este martes, el presidente anunció que modernizará el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la estrategia se llamará D.I.O.S. “Nos pueden entutelar, pero Dios proveerá”, dijo. Colombia se define como un estado laico y aunque los funcionarios públicos pueden profesar cualquier creencia, la Constitución exige que el Estado tenga neutralidad religiosa. Solo cuatro días después de iniciar su Gobierno, un ciudadano puso una tutela por violar el principio de neutralidad durante su posesión. Un juez – de los de Berlín- le dio la razón al ciudadano y ordenó que De La Espriella ofreciera disculpas. En alocución presidencial, acató el fallo, pero terminó su discurso con un “¡Viva Cristo Rey!”, escalando la apuesta. Este lunes, el Consejo de Estado determinó que De La Espriella sí discriminó a los ateos en un discurso, pero le permitió seguir usando la expresión con la que firma todas sus comunicaciones oficiales.

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