TOMADO DE EL PAÍS DE ESPAÑA
Catalina Oquendo B.
Hoy es un día clave para probar el manejo que el presidente Abelardo de La Espriella dará a la protesta social en Colombia. En medio de críticas a su Gobierno y en particular a su esposa Ana Lucía Pineda por la falta de transparencia en los dineros de la reconstrucción tras el terremoto, la oposición marchará hoy en las calles. El expresidente Gustavo Petro y líderes del Pacto Histórico, invitaron a movilizaciones sin una consigna clara. “Yo voy a marchar. Por el salario mínimo vital, porque es un gobierno para los grandes negocios de los extranjeros”, dijo Petro en sus redes.
Las marchas se dan en el contexto de dos anuncios con impacto en el ejercicio de la manifestación pacífica. El primero es la reforma al decreto sobre protesta social que se firmó ayer en vísperas de la primera manifestación y se implementaría sin discusión. El lunes, en alocución presidencial, de La Espriella mostró dos caras de su relación con la protesta social: por un lado, dijo que dará las garantías para expresarse y organizarse, pero al mismo tiempo señaló a los manifestantes como promotores del caos que buscan “desestabilizar al Gobierno”. “Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre para defender lo que en derecho corresponde”, advirtió.
El segundo anuncio es el estatuto antiterrorista, del que solo se conoce un borrador filtrado, y que le daría facultades extraordinarias al presidente para modificar el código penal y agregar delitos. El documento contempla nuevas penas para quienes apoyen a organizaciones armadas y define terrorismo como una manifestación de naturaleza individual, grupal o colectiva, “que se concreta en la producción de miedo, pánico y zozobra”.
Para Laura Bonilla, directora de Pares, este es uno de los grandes orangutanes del proyecto. “Bajo la premisa de que todo puede ser terrorismo, también pueden serlo organizaciones de sociedad civil, periodistas y cualquier ciudadano de a pie, sin que haya pruebas más allá de información que, dependiendo del caso, dice el borrador, podrá ser clasificada y reservada, y que el afectado no necesariamente podrá conocer para defenderse”, escribió. Y en referencia a la protesta social, Sebastián Escobar, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), también advirtió que, según ese borrador, “una protesta que causa temor o un paro que genera zozobra podrían caer en la definición del gobierno y ser catalogados como terrorista”.
El presidente destacó que su estatuto propone un Registro de Organizaciones Terroristas, «le permite congelar bienes, cortar la contratación con el Estado y pone penas severas al uso de drones para atacar a la gente y a nuestra Fuerza Pública». El documento también habla de fortalecer una cooperación de inteligencia con “homólogos extranjeros” y de la creación de una instancia en el Consejo de Seguridad Nacional, encargada de definir quiénes integrarían la lista de organizaciones actores terroristas. En días pasados, el ministro Rodrigo Lara también agradeció al Departamento de Estado de Estados Unidos por su apoyo y comentarios en la construcción de este decreto, pero no explicó por qué.
El constitucionalista Rodrigo Uprimny, afirma que la nuez del estatuto es crear ese listado que funcionaría como una suerte de lista OFAC. El jurista alerta que ciudadanos pueden terminar en el registro de De La Espriella por decisión de una Instancia Técnica del Consejo de Seguridad Nacional sin verificación judicial previa. “Eso tendría unas consecuencias jurídicas enormes porque quien queda en esa lista prácticamente muere civilmente”, dijo en A Fondo con María Jimena Duzan.
El senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial, Iván Cepeda, lo explicó así en sus redes al hablar del estatuto antiterrorista que llama antidemocracia. “Cualquier ciudadano que ejerza legítimamente la crítica al gobierno, será catalogado como terrorista”, dijo sobre los riesgos del documento que deberá pasar por el Congreso.
A pesar de que la izquierda obtuvo casi 13 millones de votos y quedó a 250 mil de De La Espriella, no es claro que vayan a ser multitudinarias, por el desgaste de las movilizaciones durante el Gobierno de Petro. Sin embargo, sí servirá para medir la resistencia en las calles y ver si la respuesta del derechista será o no garantista como ha dicho o si aplicará mano dura contra los manifestantes en las calles.
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