Por: Daniel Moreno Verhagen – Asuntos públicos y empresariales
Hoy se cumplen dos meses exactos. Eran las 7:34 de la mañana del 10 de agosto cuando la tierra se movió desde el Chocó con una fuerza cercana a 7,4 grados, y Manizales, una ciudad que creía conocer sus temblores, descubrió que no los conocía todos. En pocos segundos cambió la vida de miles de familias. Algunas vieron cómo se cuarteaban sus paredes. Otras vieron caer el edificio donde habían vivido durante décadas.
Las cifras llegaron después. Según el balance de la Alcaldía a comienzos de septiembre, más de 11.500 viviendas resultaron afectadas y cerca de 1.500 quedaron en pérdida total. Detrás de cada número hay una familia que paga arriendo donde antes pagaba cuotas, o que duerme donde un pariente mientras espera una visita técnica.
La ciudad respondió como saben responder las ciudades serias: primero salvar, luego contar y después decidir. El Concejo autorizó a la Alcaldía, por unanimidad, un empréstito de hasta $220.000 millones para la reconstrucción. Unos $100.000 millones corresponden a este año y los otros $120.000 millones a 2027.
Lo digo sin rodeos: endeudarse era lo correcto. Una ciudad que pierde cerca de $40.000 millones en recaudo tributario y tiene miles de viviendas por recuperar no puede esperar a que la plata aparezca sola. Pero una deuda es una promesa al futuro, y las promesas hay que cuidarlas. La historia de esta reconstrucción apenas empieza. Lo que hagamos en los próximos meses decidirá si la recordamos como el momento en que Manizales se levantó o como otra obra que se quedó a medias.
El primer capítulo es la contratación. La declaratoria de calamidad pública permite contratar bajo un régimen especial, más ágil y con reglas de derecho privado. Esa agilidad es necesaria, pero no es un cheque en blanco: la ley exige respetar los principios de la función pública, y ese régimen es temporal. La rapidez no puede convertirse en opacidad.
El segundo está en los edificios. La norma sobre propiedad horizontal y sobre garantías de la construcción ya existe. El reto es de escala. Cientos de copropiedades tienen que decidir al mismo tiempo, muchas con asambleas que no logran quórum, propietarios sin póliza y trámites represados. Las reglas sirven de poco si nadie ayuda a aplicarlas.
El tercero está en Bogotá. Manizales no es la única ciudad herida. El Ministerio de Vivienda reconoció que los cerca de $700.000 millones disponibles no alcanzan y pidió alrededor de $4 billones adicionales para atender a todas las regiones afectadas. Solo la reconstrucción de Caldas se estima en más de un billón. Vamos a competir por recursos, y ganará quien llegue con proyectos estructurados, no con diagnósticos.
El cuarto es la confianza. Buena parte del empréstito se ejecutará en 2027, un año electoral. Sin señalar a nadie, el riesgo es evidente.
Por eso propongo cuatro medidas concretas:
1. Un tablero público con todos los contratos de la reconstrucción: objeto, valor, contratista y avance.
2. Informes trimestrales al Concejo, con acompañamiento de la Contraloría, sobre el uso de cada peso del empréstito.
3. Una mesa técnica público-privada con gremios, academia y constructores para priorizar y estructurar los proyectos.
4. Una ruta de atención a copropiedades que acompañe asambleas, reclamaciones a aseguradoras y licencias.
Manizales ya demostró que sabe levantarse. Ahora le toca demostrar algo más difícil: que sabe reconstruir con reglas claras, con cuentas abiertas y sin perder la confianza ciudadana.
P.D. 1.: Mientras reconstruimos la ciudad, hay un proyecto que lleva décadas esperando su propia reconstrucción de confianza: Aerocafé.
P.D. 2.: En estos días el Congreso discute el Presupuesto General de 2027, de cerca de $635 billones. Uno de cada cuatro pesos se irá a pagar deuda, y la inversión baja mientras el total crece. Es el momento para que nuestros congresistas aseguren que la reconstrucción de Caldas quede escrita en el presupuesto, no solo en los discursos.
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