Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
Flaco servicio se le presta a la democracia querer minimizar a los partidos, por cuanto no se tendría la misma, sin la existencia de estas colectividades, que requieren si desean supervivir dejar de ser empresas electorales, con un activismo político permanente, coherentes en sus principios, si aspiran volver a recuperar la confianza ciudadana.
Ahora bien, lo negativo que resulta caer en ese virus activista, que se apoya en un ejecutivo triunfador sin considerar al otro porcentaje de la población que optó por otras opciones de gobierno, arrogancia gubernamental que mucho daño le hace a la estructura institucional existente.
Reconocer que en este abigarrado panorama político administrativo surge la imperiosa necesidad de fortalecer la democracia, y para ello resulta inevitable que el naciente gobierno convoque a los partidos a sumar esfuerzos para sacar adelante las reformas sociales y económicas, sin populismo a bordo, sobre la premisa que es el jefe de estado para todo un país y no para una fracción o grupo partidista afecto a sus ideas programáticas.
Ahora bien, un país dividido, no progresa, no avanza, entendiendo que gobernar para todos no significa que todos estén de acuerdo, pero es su misión constitucional.
En campaña política se divide para ganar, en el gobierno se une para servir, por cuanto es imposible durar 4 años, como sucedió en el mandato anterior, atacando, señalando, creando enemigos, por cuanto a los pocos meses de gobierno la gente no quiere discursos, exige resultados.
El buen gobernante es el que, al final de su mandato, logra que la gente diga: «no voté por él, pero gobernó bien», con el reconocimiento ciudadano.
ADENDA UNO. Esta columna cuestionó la política del mandato anterior de eliminar requisitos para acceder a los altos cargos del estado, modificando manuales de funciones, nombrando personas sin ninguna experiencia administrativa, solo para cumplir cuotas partidistas.
Ahora cuando se pretende corregir esos desafueros a través de una ley, el gobierno la objeta con unos débiles argumentos, contradiciéndose en lo afirmado en su “libro blanco” donde denunciaba al gobierno de marras afectar la gobernabilidad al eliminar requisitos en los cargos del estado, como modificando manuales de funciones, afectando la gobernanza.
Ver para creer, ojalá las cámaras rechacen esas objeciones y regrese al estado la meritocracia con altura, respetando el conocimiento como la experiencia profesional.
Comienzo gubernamental inquietante.
ADENDA DOS. Informan los medios que se le permitirá asistir al Congreso a un legislador perteneciente a la corriente conservadora a pesar de portar un brazalete electrónico, el cual no es un adorno, es la señal visible de que la justicia lo está investigando, sin la libertad plena, porque hay un riesgo, una medida de aseguramiento.
Se puede alegar que está en permiso, que la presunción de inocencia lo ampara, pero el tema es ético, es institucional, es cuestión de decoro.
Pero pareciera que para el Congreso colombiano estos hechos fueran normales.
Casos como el narrado son los que debilita la confianza ciudadana es sus instituciones.
Anotación al margen: según lo consignado en el Secop integrado en el pasado gobierno se suscribieron contratos de prestación de servicios con personas naturales por un valor cercano a los 36 billones de pesos.
La hacienda pública manejada con criterio partidista.
Ojalá esta administración corrija estos excesos, llamada, burocracia militante.
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