EDITORIAL
Los nombramientos de notarios siempre han despertado polémicas en Colombia, y generan fuertes cuestionamientos éticos y políticos derivados de la forma como se hacen estos nombramientos que están a cargo del Presidente de la República y los Gobernadores. Desde décadas, se tiene la percepción que se utilizan para pagar favores políticos o amiguismos a través del tráfico de influencias.
Como si lo anterior no fuese suficiente, no son pocos los casos en los que, los cargos de notario se venden por gruesas sumas de dinero o el compromiso de entregar una parte mensual del producido al político o dirigente que los hizo. nombrar.
Durante los procesos de transición de gobiernos, es habitual que se realicen designaciones de notarios en calidad de interinos. Los gobiernos de los presidentes, Gustavo Petro e Iván Duque, han enfrentado fuertes críticas por firmar decretos contrarreloj para nombrar notarios, incluyendo a personas allegadas o familiares de sectores políticos afines, en notarías con altos ingresos.
Los gremios de notarios de carrera han solicitado a los equipos de empalme frenar la designación de nuevos notarios interinos, argumentando que existen mecanismos legales para garantizar el servicio notarial sin tener que realizar nombramientos políticos a última hora.
Históricamente en Colombia, los notarios de primera categoría son nombrados directamente por el Gobierno Nacional, mientras que los de segunda y tercera categoría lo son por los gobernadores. Sectores de la carrera notarial han señalado que esto politiza el sistema y les otorga a estos mandatarios un margen de discreción indebido, proponiendo delegar estas designaciones a un organismo colegiado neutral.
Para tratar de sanear el sistema de nombramientos de notarios en el país, la Superintendencia de Notariado y Registro ha avanzado en el proceso para el ingreso formal a la carrera notarial, pero el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la convocatoria del concurso público, generando incertidumbre y críticas sobre la transparencia en la provisión de estos cargos.
Las convocatorias públicas para elegir notarios en propiedad son frecuentemente criticadas por presuntas irregularidades, pérdida de soportes documentales y la falta de objetividad en las pruebas de selección.
El concurso para ingresar a la carrera notarial y proveer más de 350 notarías en Colombia fue suspendido por orden del Consejo de Estado aduciendo la falta de participación ciudadana porque se omitió el requisito legal de socializar previamente con la ciudadanía el acuerdo que reglamentaba el concurso, violando así normas y principios participativos; y además se reportaron graves inconsistencias en el proceso contractual con la Universidad Libre (operador del concurso), entidad que solicitó terminar el contrato anticipadamente.
La falta de financiación y denuncias de corrupción hicieron que previamente, este proceso fuera frenado por el Ministerio de Justicia debido a dudas sobre la financiación de la prueba y señalamientos de irregularidades advertidos por la Procuraduría General de la Nación.
En síntesis, el nombramiento de notarios en el país se convirtió en un grave foco de corrupción. Por ello, es urgente que el nuevo gobierno nacional, le quite esta facultad al presidente de la república y a los gobernadores en aras de la transparencia y de la equidad.
San Francisco Cundinamarca, julio 12 de 2026.












