Una decisión más, y estaremos nuevamente al borde del abismo fiscal. Una decisión más, y la Alcaldía de Chinchiná podría volver a quedar sumida en el temor de la Ley 550 de 1999, conocida como el régimen de reestructuración de pasivos para entidades en crisis financiera.
La historia es clara, aunque pareciera olvidada. Y quien no conoce su pasado, está condenado a repetirlo.
Así ocurrió durante las administraciones de Jhon Jairo Quintero y Magdalena Builes, cuando una crisis financiera derivada de pasivos cercanos a los 5 mil millones de pesos llevó al municipio a un escenario crítico. En aquel entonces, Chinchiná enfrentó incluso el riesgo de perder su categoría municipal y ser anexado a Palestina, en un hecho que aún debería estremecer la memoria institucional.
Hoy, sin embargo, esa lección parece diluirse entre las decisiones del Concejo Municipal y la administración actual. Se proyecta un nuevo endeudamiento que podría ascender a 30 mil millones de pesos, que sumados a los ya autorizados, alcanzan la alarmante cifra de 50 mil millones.
Un dato basta para dimensionar el riesgo: los 5 mil millones de pesos que hace aproximadamente 15 años llevaron a la crisis financiera del municipio, indexados a valor presente, equivalen hoy a cerca de 10.684 millones de pesos. Es decir, de materializarse el escenario actual, Chinchiná estaría enfrentando una carga de endeudamiento casi cuatro veces superior a la que en el pasado puso en jaque su viabilidad financiera.
No se trata de oponerse al desarrollo, ni de negar la necesidad de inversión pública. Se trata de advertir, con responsabilidad, que el endeudamiento sin una planeación rigurosa, sin estudios serios de capacidad de pago y sin una visión clara de retorno social y económico, puede convertirse en el detonante de una nueva crisis estructural.
La Ley 550 no es una herramienta abstracta. Es la antesala de restricciones severas: pérdida de autonomía financiera, limitación en la inversión social, priorización del pago de deuda sobre las necesidades ciudadanas y, en términos prácticos, la intervención indirecta de la administración municipal.
Chinchiná ya vivió ese episodio. Ya conoció lo que significa administrar bajo la presión de los acreedores. Ya sintió el peso de una institucionalidad debilitada por decisiones fiscales equivocadas.
Insistir en un endeudamiento de esta magnitud, sin un debate público amplio, sin transparencia plena y sin pedagogía financiera hacia la ciudadanía, no es solo un error técnico: es una irresponsabilidad política.
La pregunta es inevitable: ¿estamos construyendo futuro o repitiendo errores?
