EDITORIAL
No había transcurrido una semana de las elecciones para Congreso de la República cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia expidió orden de captura para dos congresistas actuales y reelectos.
Se trata de Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, de las curules de víctimas quienes están involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).
En nuestro editorial anterior expresamos que es poco lo que se puede esperar del Congreso elegido el domingo 8 de marzo porque muchos de los reelegidos en ambas Cámaras hacen presagiar la continuación de las viejas prácticas políticas, y varios tienen procesos penales que seguramente no les permitirá terminar su período legislativo. El tiempo nos está dando la razón.
Por el mismo caso de la UNGRD la Corte también ha llamado a juicio a Julián Peinado, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, los tres del Partido Liberal, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Si los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, no estuvieran detenidos, seguro que hubiesen sido candidatos el pasado 8 de marzo, y reelegidos. La corrupción no tiene color político.
Y aquí volvemos al mismo tema que hemos tocado varias veces: el elevadísimo costo de las campañas electorales que convirtió a la democracia colombiana en una plutocracia. Quien no tenga recursos económicos suficientes no tiene opciones de ser elegido. Prueba de ello, Jorge Enrique Robledo, quien otrora llegó a ser el candidato al Senado más votado en el país sin gastar dinero en campaña, y ahora quiso retornar al Congreso con la misma estrategia de austeridad, sufriendo una derrota estruendosa.
Los elevados costos de las campañas electorales son el principal motor de la corrupción. Un congresista con sus solos salarios y prestaciones sociales, no alcanza en el cuatrienio a recuperar lo gastado, aunque para algunos no son gastos sino inversión porque con contratos y burocracia se recuperarán económicamente.
También son responsables de los altos costos de las campañas, lo líderes y dirigentes políticos que les exigen a los candidatos grandes sumas de dinero por su trabajo electoral, y tampoco podemos olvidar al elector que pide 50 mil pesos por su voto. Ello también es corrupción porque parodiando a Sor Juana Inés de la Cruz hablando de la doble moral: Cuál es más de culpar, el que peca por la paga o el que paga por pecar:
Manizales, marzo 15 de 2026.
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