Opinion

INCOMODAR, ASESORAR Y GOBERNAR

Daniel Moreno Verhagen

Por: Daniel Moreno Verhagen – Abogado, especialista en Gobernanza y Desarrollo Territorial.

Dicen que no hay santos en la tierra, mucho menos en política. Todos podemos errar, pero si activamos los controles y evitamos la ignorancia deliberada —esa que consiste en saber y hacerse el que no—, podremos proteger lo público, ser guardianes de la Constitución y cumplir bien nuestra labor, aunque resulte incómoda.

Sentí un vacío existencial similar al que atraviesan quienes cargan con la depresión: esa sensación de no saber si llorar o seguir adelante. Me pasó en una capacitación, cuando lancé una pregunta básica: ¿conocen el plan anticorrupción de la entidad, las acciones del programa de transparencia y ética pública o, al menos, algún delito contra la administración pública del Código Penal? El silencio fue tan largo y tan frío que me pregunté si valía la pena continuar hablando o si ese silencio era el triste diagnóstico de nuestra radiografía nacional.

En la gestión pública, pocas veces se valora la importancia de una pregunta a tiempo. Sin embargo, cuestionar una instrucción, solicitar una aclaración o advertir un riesgo antes de ejecutar una orden puede ser tan decisivo como cualquier plan de desarrollo. En un país marcado por elecciones, escándalos de corrupción y desconfianza ciudadana, no se trata de “rebelarse” ni de generar caos interno, sino de entender que cuestionar responsablemente es una forma de autocuidado, de proteger los equipos, al superior y de blindar la institución.

El principio de legalidad es claro: todo acto de un servidor público debe estar respaldado en la Constitución y en la ley. Pero ¿qué ocurre cuando la época electoral, la presión política o los superiores llevan a dar órdenes sin suficiente sustento jurídico o técnico? Allí aparece el valor de cuestionar. No para desafiar la autoridad, sino para asegurarse de que las decisiones se ajusten al marco normativo. En derecho administrativo, la omisión de controles internos puede ser tan dañina como la acción indebida.

La historia reciente está llena de ejemplos de lo que significa no cuestionar a tiempo. El episodio de Liberland en Manizales, donde nadie dentro de la estructura municipal —ni siquiera los asesores más cercanos— advirtió que un municipio no tiene facultades para reconocer estados extranjeros ni muchos menos inexistentes, terminó en una costosa lección de aprendizaje sobre liderazgo público, donde la propuesta de campaña del siguiente alcalde fue “por un gobierno en serio”. El caso del exministro de relaciones exteriores, destituido e inhabilitado por las irregularidades en la licitación de pasaportes, muestra cómo faltó una voz que dijera “esto no es legal” antes de la ejecución. Y el escándalo de la UNGRD, con recursos desviados y contratos inflados, evidencia que nadie levantó la mano a tiempo para frenar un desastre que hoy tiene a funcionarios capturados y prófugos de la justicia. Tres episodios distintos, un mismo patrón: la ausencia de un valiente que levantara la mano, o en otras palabras, la inexistencia de una cuestión o de un “no” responsable.

Ese es quizás el punto más sensible: el papel de los asesores jurídicos y técnicos. Con frecuencia se convierten en notarios de decisiones políticas, en lugar de guardianes de la institucionalidad. Prefieren firmar en silencio antes que advertir un riesgo. Pero en ese silencio se incuban sanciones, investigaciones y la erosión de la legitimidad institucional. El miedo a perder el trabajo no puede pesar más que el deber de proteger la legalidad.

Cuestionar también es una forma de lealtad. Un líder político o administrativo, en medio de la presión, puede pasar por alto un requisito técnico o jurídico. Cuando un subalterno advierte un riesgo, no lo contradice: lo protege. No hay mayor acto de lealtad que blindar a quien dirige una entidad de caer en una falta disciplinaria o en una destitución.

Está también el componente de autocuidado. La experiencia demuestra que muchas veces no son los altos mandos quienes terminan pagando, sino los subalternos que ejecutaron sin preguntar. ¿Vale la pena arriesgar una carrera y un nombre por no incomodar a un jefe? El “no” puede ser incómodo en el corto plazo, pero en el largo plazo es la mejor póliza de seguro para la carrera, la familia y la tranquilidad personal.

Las cifras refuerzan esta reflexión. Es públicamente conocido que la corrupción le cuesta a Colombia alrededor de 50 billones de pesos al año, una suma que equivale a casi el 5 % del PIB. El país no supera los 50 puntos sobre 100 en el índice global de percepción de corrupción, lo que lo ubica en la parte baja de la tabla mundial. Y en los últimos tiempos se han proferido más de 50.000 fallos disciplinarios contra servidores públicos, muchos por omisiones de control o por ejecutar órdenes sin preguntar. Con estos datos, la pregunta es inevitable: ¿seguiremos normalizando el silencio como estrategia de supervivencia laboral?

Por eso, no hay que temerle al choque de trenes al interior de las entidades. Cuando jurídica frena a planeación, cuando planeación limita a otros despachos, cuando alguien se atreve a decir “esto no procede”, los controles están funcionando. No es obstaculizar: es corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde.

A mí me gusta la gente que critica, que se opone, que pregunta y que propone. No admiro a quienes hacen cálculos políticos para guardar silencios estratégicos de supervivencia laboral o personal. Ese silencio no es prudencia: es egoísmo. Piensa más en sí mismo que en la adecuada gestión de lo público.

Sinceremos la conversación, no tengamos miedo al debate. Porque, al final, más vale un “no” incómodo a tiempo que un silencio cómplice que condena a todos. Y si algo necesita Colombia hoy, en medio de la desconfianza y de los escándalos semanales, es valorar al funcionario que se atreve a incomodar, incluso cuando eso le cueste. Bienvenidos los choques de trenes: son la última garantía de que todavía queda gente cuidando lo público.

Manizales, septiembre 10 de 2025.

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