Por: Juan Diego Sierra Rave – Enlace departamental de juventud.
En Colombia, la historia la han escrito los mismos de siempre. Empresarios influyentes, élites políticas, y tecnócratas que nunca han sentido el peso del cansancio en la espalda ni la angustia de estirar un salario mínimo hasta fin de mes. Por eso, lo que ocurrió en las últimas semanas en el Congreso de la República no es un simple trámite legislativo. Es un punto de quiebre. Es, si se quiere, el primer suspiro profundo de una clase trabajadora históricamente postergada desde el 2002.
Después de que el Consejo de Estado tumbara el llamado decretazo del gobierno Petro –ese paquete de reformas urgentes con el que se pretendía impulsar derechos sociales a falta de voluntad política en el legislativo– muchos celebraron su caída como una victoria de la “institucionalidad”. Otros la calificaron como un despropósito presidencial. Pero pocos se atrevieron a decir una verdad incómoda: ¿Acaso era malo consultar directamente al pueblo sobre sus derechos laborales? ¿Era antidemocrático convocar a una discusión pública y abierta, ante la cerrazón de quienes legislan no para el pueblo, sino para los lobbies empresariales?
No. El problema nunca fue el fondo del decretazo, sino la forma. Fue un asunto de recursos jurídicos, de técnica legislativa, de un error de procedimiento que —dicho sea de paso— desnuda la mediocridad de buena parte de nuestra dirigencia política: patanes de micrófono fácil y cerebro estrecho, más preocupados por el cálculo electoral que por las condiciones laborales de millones.
Y sin embargo, lo que no logró el decreto, lo consiguió el Congreso. A regañadientes, con resistencias de siempre, con sabotajes disfrazados de “defensas del empleo”, pero lo logró. La reforma laboral fue aprobada y con ella una serie de transformaciones históricas que, por primera vez, no miran al bolsillo del empleador, sino a la dignidad del trabajador.
A partir de ahora, el recargo dominical y festivo aumentará hasta llegar al 100 % en 2027, reconociendo el valor real del descanso; el recargo nocturno iniciará desde las 7:00 p. m., beneficiando a miles que trabajan en horarios extendidos; el contrato de aprendizaje del SENA se transforma en un verdadero vínculo laboral, con prestaciones y salario digno; las madres comunitarias y sustitutas serán formalizadas, ganando estabilidad y reconocimiento después de años de invisibilización; y, por último, se eliminó el peligroso pago por horas, cerrando el paso a una precarización disfrazada de modernidad.
Esta reforma es profundamente simbólica. Representa la posibilidad de un país menos desigual. Es la respuesta –tardía pero bienvenida– a millones que han sido la carne del sistema productivo sin recibir nunca un pedazo.
Y es también un mensaje claro: la movilización social, el debate público y la presión democrática sí funcionan. No fue el gobierno el que se impuso por decreto. Fue la sociedad civil, los sindicatos, las voces disidentes, las bancadas comprometidas y, claro, un Gobierno que se atrevió a dar la pelea.
Hoy, la reforma laboral se convierte en una bandera para los nadie. Para quienes siempre han trabajado más y ganado menos. Para quienes jamás fueron prioridad. Que nadie se equivoque: esto no es el fin de la lucha. Es apenas el principio de una nueva forma de hacer política social.
Porque cuando el Congreso legisla pensando en el pueblo, no hace historia. Corrige la deuda histórica que el país ha tenido con su gente.
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