EDITORIAL
El sector público colombiano en todos sus niveles posee una serie de empresas que son muy importantes para la economía del país.
Estas empresas contribuyen en forma efectiva a la economía siendo generadores de riqueza y empleo, además de prestar servicios y servir de reguladores del mercando en los diferentes sectores.
Ecopetrol, Interconexión Eléctrica, Banco Agrario de Colombia, Bancoldex, La Previsora, Positiva, son algunas de las empresas exitosas del Gobierno Nacional, igualmente todos los departamentos las poseen y muchos municipios del país como las Empresas Públicas Municipales que manejan servicios públicos.
Estas empresas deberían tener un manejo o administración eminentemente técnico y alejado de los intereses políticos y clientelistas de alcaldes, gobernadores y Presidente de la República, sin embargo, en la práctica no es así, aunque muchas tienen implementado el modelo de gobierno corporativo.
Desafortunadamente estas empresas, en todos los niveles, se han convertido en apetitosos fortines económicos y burocráticos de gerentes, presidentes y directivos indolentes que llegan a enriquecerse y a pagar favores políticos sin importar el bienestar financiero y económico de estas.
Los mayores traumatismos se presentan cuando hay cambio de administración por razones políticas o de período. Los directivos salientes dejan atornillados a sus amigos con contratos hasta el último día del año, sin dejarle ninguna posibilidad de maniobrabilidad de personal a los gerentes o presidentes entrantes.
Por ello, las nuevas líneas que entran a manejar estas empresas empiezan a crear nóminas paralelas para darle cabida a sus amigos y cumplir con sus compromisos políticos afectándose de manera significativa los presupuestos y colocando en peligro la estabilidad financiera y la existencia de las compañías.
Una empresa oficial que se vaya a la quiebra trae graves repercusiones de toda índole para el ente territorial propietario y sobre todo para los trabajadores quienes finalmente son los mayores afectados.
El Congreso debería de legislar en este sentido para blindar y proteger a estas empresas industriales y comerciales del Estado, y de economía mixta, de los manejos politiqueros y clientelistas de los gobernantes de turno, mientras tanto, los organismos de control deberían de vigilar y actuar.
Manizales, mayo 19 de 2024.
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