Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
Se ha presentado un nuevo Acto Legislativo de reforma a la justicia en donde se propone ajustes a la actual estructura de la administración de justicia, al decir de sus promotores, para obtener un mejor acceso a la misma, con mayor eficiencia y calidad en el servicio.
De igual manera se plantea procesos más transparentes en la elección del Fiscal general, Registrador nacional, Procurador general de la nacional como Auditor general.
No se discute la importancia del tema, de la imperiosa necesidad de abordar con seriedad una verdadera reforma estructural para darle a la sociedad una justicia eficaz, eficiente, pronta y cumplida como lo ordena la norma superior, en momentos donde su imagen en general aparece averiada frente a la ciudadanía por factores diversos entre ellos, la congestión y atraso, los errores jurisdiccionales, las fallas en las políticas de descongestión, violaciones al debido proceso, fuera de los casos de corrupción, como la lentitud en los trámites procesales que afecta al usuario que impide impartir una pronta justicia, con el incumplimiento a diario de los términos legales, de obligatoria observancia y elevados a rango constitucional, sin considerar los fallos inhibitorios proscritos por la ley, en donde el juez da respuestas muertas a preguntas vivas.
Ahora bien, se ha reiterado que una de las causas que la afecta tiene como fuente de desprestigio y de politización, en las facultades que le otorgó la constitución del 91 para intervenir en la designación y postulación de altos funcionarios de estado, Contralor, Procurador, Fiscal, y Auditor General de la Nación.
Cualquier reforma que se plantee debe partir en la eliminación de esas facultades nominadoras que no son de la naturaleza propia de la judicatura, resultando pernicioso cualquier otra función diferente a fallar en derecho, o de carácter jurisdiccional.
Si el Estado como ente jurídico y los que integramos el concepto de nación, anhelamos la paz, debemos ser conscientes que esta tiene un punto de partida y un punto de llegada, que es la pronta y cumplida justicia, hoy por hoy ausente para quienes acuden a obtener una respuesta judicial a sus pretensiones.
Todos coincidimos en reconocer la existencia de una crisis judicial, hasta se plantea como tema electoral, pero al momento de las decisiones aparecen circunstancias adversas como lo acontecido en las frustradas reformas pasadas, en donde lo que inicialmente era positivo se fue diluyendo en la manía de los acuerdos englobantes, propios del espíritu frente nacionalista, de concesiones, modificaciones y favorecimientos, ojalá esta que inicia su trámite tenga mejor suerte, con un pedido especial, favorecer al ciudadano de a pie, que es el que sufre las consecuencias de la mora y la dilación judicial.
ADENDA. Al cierre de las inscripciones de los aspirantes a las elecciones territoriales, esperamos como votantes expongan en las diferentes jurisdicciones que planes desarrollarán en el evento de ser elegidos para solucionar los factores generadores de violencia que azotan sus territorios, en especial con la delincuencia común, qué ideas se tienen para darle protección legal al ciudadano que ve afectado su desplazamiento laboral, cómo frenar el abuso de la niñez, cómo terminar con los paseos de la muerte, cómo erradicar las balaceras en los barrios y comunas, qué plantean frente a violencia intrafamiliar, qué políticas propondrán para mitigar estos hechos que afectan gravemente a la comunidad.
Estos temas producen mayor efecto en una campaña, que el despliegue desaforado de propaganda, afiches, pendones, vallas, volantes, que fuera de producir contaminación visual y ambiental, nada aportan al debate electoral, pero si un derroche de dinero y dudas sobre el origen de los mismos.
Momento de cambiar los estilos tradicionales de campañas electorales señores candidatos.
Adenda dos. Pareciera que a muchos aspirantes que disputan el favor popular en las próximas elecciones sufrieran de Alzheimer, con condenas ejecutoriadas, por peculado, concierto para delinquir, inasistencia alimentaria, abuso sexual, hasta por homicidios no son recordadas, sorprendidos cuando solicitan el aval a la organización política a la que dicen pertenecer. Preocupa que los que buscan afanosamente llegar a los cargos de elección popular sean estos personajes de dudoso cuño, haciéndole un daño a la poca democracia; difícil momento por la que atraviesa la política colombiana, que clama una revisión profunda, sino se quiere caer en manos de una emergente y azarosa dirigencia con propósitos contrarios al buen gobierno.
*Ex magistrado
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