Interesante sería que culminada la campaña presidencial e inicio de un nuevo gobierno a partir del 7 de agosto, se revisara a fondo la concepción de la democracia, conocido en el ambiente como el sistema político menos malo, pero con unas protuberantes fallas en su sistema político administrativo, cuando en un estado que se dice ser Social de derecho, no posee un política de vivienda digna, permitiendo el abuso del sistema financiero a través de las antiguas UPAC, luego las UVR con unos ministros de Hacienda extraídos de sus propias organizaciones, al igual lo que sucede en nuestras grandes ciudades con una cantidad de tierra urbana acumulada por unas pocas familias en espera de obtener una mayor plusvalía como la valorización de las mismas, que nos hace pensar, que es casi una burla que todos somos iguales ante la ley, sino lo somos ante la vida.
Sobre estos temas se han escuchado muchos anuncios por parte del nuevo gobernante, desarrollados de manera tangencial por sus asesores políticos y económicos, vislumbrando que se buscará un gran consenso ciudadano sobre las reglas del juego democrático, conservando el esquema de estado de derecho, creando los espacios en el que se puedan resolver todos estos conflictos sociales propios de la sociedad civil prometidos en campaña.
La apreciación anterior sirve para concluir que evidentemente existen injustas y remediables desigualdades, donde el colectivismo no es el medio para remediarlas, por cuanto la esencia del socialismo está en darle un tratamiento igual a todas las personas, la esencia de la democracia está en que hay que habilitar a los ciudadanos para que conquisten igual tratamiento.
Ahora bien, la crisis de la justicia es tal que solo un mínimo porcentaje de los procesos reciben sentencia, con una carga acumulada que hace inoperante la estructura judicial, sin considerar, que por temor, por incredulidad o por muchas otras razones la mayoría de los delitos no son denunciados a las autoridades, generándose una peligrosa impunidad, aspecto estos que deben ser tratados con urgencia por el nuevo gobierno, con voceros autorizados y conocedores de la realidad judicial del país, reconsiderando la designación de quién dirige el empalme de tan importante área para la paz social, por los cuestionamientos que a diario recibe por sus circunstancias profesionales y personales.
Abrigamos la esperanza que todos estos aspectos se ventilen a través del mecanismo democrático de oponer unas tesis a otras, de defender cada una de ellas ante el Congreso y la opinión, decidiendo por mayoría lo que se acoge y lo que se rechaza, dejando de lado la manía de los acuerdos englobantes, máxima virtud clientelista que ha producido en los últimos gobiernos genios de la vaguedad, con un exponente de quilates por quién se dice será el próximo presidente del Congreso.
ADENDA: Reformas de tanta connotación para la sociedad colombiana, como la política, electoral, pensiones, tributaria, no pueden ser sometidas a un procedimiento semejante al “Fast track”, utilizado para la implementación del acuerdo de paz en la mitad del tiempo legislativo, requieren de un análisis sereno, de cara a la opinión, debatido con la mayor ponderación, siguiendo el procedimiento reglado en la carta política.
No basta la diligencia, ni conviene precipitarse en el trabajo legislativo, para apresurar el logro de algo, o en términos coloquiales, “No por mucho madrugar amanece más temprano.”
* Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
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