Opinion

Ley Mordaza

¿democracia, libertad de pensamiento, equilibrio de poderes?

Todos y todas somos testigos de cómo nuestro Congreso es una entidad deslegitimada, con una alta impopularidad, es la muestra de la torpeza, la indiferencia y la desconexión con las realidades de la sociedad colombiana, se caracterizan por ausencias y poca efectividad para las reformas que el país necesita, porque no realizan un verdadero control político al ejecutivo, sino que venden sus ideales al presidente de turno con burocracia y mermelada. Una muestra de ello es que estamos a tres meses de elegir nuestro próximo Congreso y muchos de quienes están aspirando son los mismos con las mismas, a pesar de una pésima gestión, sin liderazgo y sin iniciativa parlamentaria, ni control político a un nefasto gobierno como el de Iván Duque.

A este mismo Congreso se le ocurrió disfrazar de manera camaleónica lo que muchos han nombrado como una ley mordaza contra los medios de comunicación, sí, estamos hablando del polémico artículo 68 del estatuto anticorrupción, que fue calificado por varios sectores como una mordaza a la prensa, y que fue aprobado finalmente, en último debate, por las mayorías de la Cámara de Representantes. Está demostrado que en un país como el nuestro, un político o funcionario público poco o nada les temen a las autoridades, o a los entes de control, pero su temor es mayor si es a una investigación periodística que destape todos sus torcidos y los exponga a la luz pública, porque ante la presión pública y mediática, parece ser que las autoridades sí actúan. Si revisamos un caso reciente, lo encontramos con el escándalo de Centros Poblados, en el cual se desaparecieron $70.000 millones, y que, si no se destapa gracias a la periodista Paola Herrera, no hubiese pasado nada.

Este mico que nos han aprobado en nuestra cara y por debajo de la mesa, es un mensaje directo a periodistas y todo aquel que se atreva a expresarse o a denunciar actos de corrupción, porque busca sancionar, mediante la cancelación de la personería jurídica de organizaciones comunitarias a quienes “injurien o calumnien” a funcionarios o exfuncionarios públicos. Y así nos hemos atrevido a vociferar que somos un país democrático, que no tenemos tintes dictatoriales, cuando pese a las advertencias realizadas sobre posibles afectaciones a la libertad de prensa, las mayorías de la corporación se negaron a eliminar el polémico artículo.

Este artículo es tan inconstitucional, que no tiene carta de presentación que tan siquiera se les haya ocurrido proponerlo, aun cuando una sentencia de la Corte Constitucional citada en el mismo proyecto, establece que las organizaciones comunitarias “son auténticos mecanismos de participación de la ciudadanía que proyectan su objeto en diferentes áreas del que hacer social, en cuanto constituyen mecanismos democráticos de representación en las distintas instancias de participación, control y vigilancia de la gestión pública”, una muestra más de la incoherencia que representa quien debería hacerle control político al presidente y quien debe proponer leyes que estén enfocadas en el bienestar general y en las necesidades de la sociedad.

Una vez más lo importante es decirles a esos congresistas y a toda la sociedad que la libertad de expresión es sagrada y que la censura lo único que ratifica es el miedo que tienen los políticos de siempre a hacer bien su trabajo, por los que los hemos elegido, el equilibrio de poderes debe darse para garantizar la democracia de la que tanto nos jactamos, donde la veeduría y la denuncia son justas y necesarias, y todo aquel que quiera callarlas y silenciarlas quiere violentar nuestro sistema democrático.

* Por: Juanita Espeleta – Socióloga con trayectoria en trabajo comunitario, social y cultural en comunidades en condición de vulnerabilidad.

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