Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
La condena que acaba emitir un Juez de la República contra un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de apellido Ricaurte, por su participación en lo que se ha denominado el “cartel de la toga“, es la clara demostración a los niveles a los que se ha llegado en materia de corrupción que corroe a la sociedad, pero cuando ese cáncer permea al sistema judicial se ingresa a unos factores de total desconfianza e incredulidad que no puede permitirse en la justicia, que como la nuestra carga ya de tiempo atrás un lastre de su ineficiencia histórica por su congestión, atraso, como las suspicacias en las decisiones en el campo penal.
Sólo vergüenza institucional generan los lamentables episodios por los que atraviesa la justicia colombiana donde los protagonistas centrales son tres ex presidentes de esa alta corporación, uno de ellos fugitivo en el Canadá, otro acudiendo a los esguinces jurídicos buscando aplazar su juicio, dilatando la culminación del proceso como cualquier tinterillo de vereda, sin considerar el caso de tres magistrados del Tribunal Superior del Meta comprometidos en recibir dineros para realizar favorecimientos procesales a personajes del hampa criolla con serias imputaciones penales, como otros casos con participación directa de jueces y magistrados en actividades ilícitas.
Ahora bien, si hay algo que ofende a la sociedad sana del país y a quienes ejercemos el litigio son esos abusos de poder por parte de las diferentes autoridades al asumir posiciones dogmáticas, que rayan con la descortesía y la ordinariez, pero cuando provienen de miembros de la justicia solo genera desazón, rabia y desconcierto.
Sea el momento para reconocer la valentía de ese juez que asumió el caso y lo termina con fallo condenatorio a uno de los procesados que con sus torticeras actuaciones puso en entredicho la ética como la dignidad, que no son más que valores irrenunciables de cualquier sistema judicial.
Que estos lamentables episodios sirvan para formular algunas preguntas que tocan con la forma de seleccionar a las personas que van a ocupar las altas dignidades de la rama judicial, ¿será que debemos regresar al sistema de la cooptación existente antes de la constitución del 91? ¿Cuáles son las razones para que el sistema del concurso público y de carrera no impere para acceder a la cúpula judicial, como lo es para el resto de los funcionarios judiciales, sacándolos de ese vergonzoso lobby que deben hacer para que el Consejo Superior los incluya en la lista de elegibles ?
ADENDA: Las paradojas de un gobierno, reforma tributaria para cubrir un enorme hueco fiscal, sin que se conozca su articulado, pero si algunos detalles que llevará la misma a la consideración del Congreso donde se afectará como siempre a la clase media que hará más difícil su subsistencia diaria en esta época de pandemia.
El derroche presupuestal en asuntos que no corresponden al desarrollo colectivo, la inmensa nómina paralela con la que se pagan los favores políticos recibidos, el sinnúmero de asesores y consejeros presidenciales con elevados salarios, carros blindados y todo lo que representa el funcionamiento de un staff burocrático, nos obliga a cuestionar la misma.
Lo anterior, sin considerar la frondosa nómina del exterior, incrementada en un alto porcentaje por este gobierno, nos permite afirmar que esa reforma debe estar encaminada a corregir esos desequilibrios presupuestales, aunado a combatir la corrupción que carcome el erario y no a través como lo sugiere un movimiento político afín al sistema gravando las PENSIONES las que solo pueden ser modificadas por reforma constitucional, asunto no desconocido por el ejecutivo cuando la Corte se pronunció el año pasado a raíz del impuesto creado por la pandemia.
Recordarles a los alcabaleros oficiales que la pensión es un derecho adquirido después de años de cotización y trabajo. Es un derecho que se respeta.
Difícil tarea la del legislativo en esta materia tributaria, esperando obre con sensatez y sentido social, a escasos 12 meses de la elección parlamentaria.
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