Por: J. F. Paz – Ex magistrado / Consultor.
No es una coincidencia la aparición de hechos violentos en esta etapa de crisis sanitaria en las principales ciudades del país, en especial Bogotá, que nos hace pensar que estas actividades delincuenciales se constituyen en el problema de mayor importancia para la ciudadanía, al superar asuntos tan graves como el desempleo, la corrupción o la inflación, debiéndose abordar con responsabilidad por las autoridades distritales con medidas de gobierno y no a través de textos planos de corta longitud o twitter, que pareciera se ha convertido en una especial forma de dirigir los destinos nacionales y distritales.
No solamente se debe soportar las numerosas medidas de emergencia semejantes a regímenes totalitarios, aislamientos, toques de queda, ley seca, empadronamientos, pico y cédula, días de acuerdo al género, la capitis deminutio para el adulto mayor, el abuso de algunos neófitos gobernantes con ansias de figuración, sino el temor, la prevención de salir cuando las normas lo permitan, a la calle, a la vía pública, de ser atracado, asaltado por una jauría de maleantes que a diario viene azotando la tranquilidad de los habitantes de esta capital, hoy por hoy, tomada por el hampa criolla.
Necio sería desconocer que hay un resurgir de las actividades delictivas, como el asalto a residencias, a locales de centros comerciales, al trasporte público, robo de bicicletas, de celulares, haciendo imposible la convivencia pacífica, donde el ciudadano de bien lo menos que espera es una respuesta eficaz de las autoridades de policía, en coordinación con la justicia ordinaria que debe asumir su propia responsabilidad en la judicialización de estos asaltantes.
Lo más grave que le puede pasar a una sociedad es caer en el pesimismo e incredulidad frente a la institucionalidad, al no conocerse políticas claras e integrales en esta materia, donde se confunden aspectos operativos de la policía con las verdaderas estrategias de vigilancia.
Llama la atención la forma como la cabeza del estamento policivo de la capital, que no es más que la alcaldesa responde al momento que se vive, utilizando vía redes sociales la expresión “inaceptable”, refiriéndose a la inseguridad por la que atraviesa la ciudad capital, olvidando que es ella la obligada a diseñar en asocio con el cuerpo policivo estrategias para contener el crítico momento de malestar, de zozobra de los capitalinos.
Se debe afrontar con decisión esa delincuencia organizada con una política ojalá nacional de seguridad ciudadana, como estrategia del Estado para aprehender y sancionar esos malandrines que hoy se ríen de la justicia al trasgredir las normas legales y de convivencia social cuantas veces les provoque.
Un llamado a las autoridades civiles como de policía se actúe de manera seria y responsable para devolverle la seguridad a la ciudadanía bogotana venida a menos, reconociendo la ola de violencia urbana, las pandillas de barrio, el micro tráfico, el boleteo, el fleteo, presente en un vasto sector de la capital, creando pánico, intranquilidad, sin que se demuestre la acción del estado como es su obligación legal, bandas muchas veces lideradas en ocasiones para deshonra institucional por miembros activos.
No más estadísticas, ni frases de cajón respecto al manejo de la seguridad muy propias de los organismos oficiales, con medidas contundentes que generen el regreso de la confianza ciudadana, como bien público, como un derecho y elemento fundamental para el desarrollo económico. Más gobierno, menos gritos.
ADENDA: Muy decepcionados deben estar los profesores de derecho penal y constitucional del actual Presidente de la Republica con la interpretación que hace de la cadena perpetua para los soldados que violaron una niña indígena sin que haya surgido al momento del delito al mundo jurídico, el control de constitucionalidad en el evento de ser demandada, como la ley que la reglamenta.
Se le debería aconsejar guardar silencio en temas de tanta notabilidad para la sociedad, cuando no se maneja en debida forma esos asuntos jurídicos constitucionales, para bien de su desgastada imagen presidencial.
Será la oportunidad para comprobar la eficacia y efectividad del cuestionado sistema penal, con o sin cadena perpetua frente a esa abominable conducta delictiva.
ADENDA DOS: Mas decretos de emergencia sin control político alguno como judicial. Resquebrajamiento de la institucionalidad. Pareciera que no existiera una Corte Constitucional.
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