05 septiembre 2018
Por: Germán Ríos Martínez – Periodista – Comunicador Social. Especialista en Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo. Director del Programa Horizontes de la Voz de Los Andes.
Observo con mucha reserva y de manera sospechosa la actitud de algunos servidores públicos que inmediatamente después de dejar el cargo, de manera automática se convierten en aspirantes a cargos de elección popular.
Me refiero concretamente, a la candidatura a la gobernación de Caldas del exsecretario de Agricultura, Ángelo Quintero Palacio.
Uno reflexione y le asaltan muchas dudas: será que las actuaciones de Quintero como funcionario público estaban calculadas para aspirar luego a un cargo de elección?. Es correcto que cuando estaba en el cargo público, tuviera una sobreactuación en los medios de comunicación, utilizando los servicios de comunicaciones de la gobernación, que son pagados por los ciudadanos?
La misma reflexión cabe para el optómetra nortesantandereano Gerson Bermont, quien por fin se destornillará del cargo el mes entrante, para aspirar a la Gobernación de Caldas.
En este caso caben perfectamente las mismas reflexiones que nos hicimos con el caso de Ángelo Quintero, pero en en la situación de Bermont con un área más sensible de por medio, más delicada, que es la salud pública.
La administración de un tema tan complejo como la salud pública se pone entonces al servicio de una aspiración a un cargo de elección?
Las cosas que se han realizado han sido correctamente ejecutadas, o han estado revestidas por un interés mezquino de utilizar el cargo, para impactar de alguna forma una aspiración personal.
Los dineros invertidos en un tema tan delicado como la salud, se han gastado correctamente, o se han privilegiado determinados intereses, que le sirvan posteriormente a una candidatura a la gobernación?
Las gestiones y actividades que se han cumplido como Director de la Territorial de Salud de Caldas porqué razón tienen que ser premiadas con votos en las urnas el año entrante? Acaso eso no podría interpretarse como una distorsión de la función pública que no debería ser reconocida por la ciudadanía, y, al contrario, debería merecer el rechazo en las urnas.
