EDITORIAL
Lo más cercano que la historia de Colombia registra sobre un Presidente de la República armado, es a doña Bertha Hernández de Ospina, esposa del expresidente Mariano Ospina Pérez, quien, durante los hechos violentos del 9 de abril de 1948 en Bogotá, mientras su esposo ejercía la presidencia de la república, salió armada con un revólver ceñido a la cintura dispuesta a defender el Palacio de Nariño, sede presidencial, del asedio de la muchedumbre liberal enardecida; adicionalmente, entregó los fusiles para la práctica de tiro al blanco a sus más cercanos colaboradores.
Ahora, en Santa Marta y en Cali ha hecho presencia el presidente Abelardo de La Espriella con una pistola al cinto, chaleco antibalas y un radio de comunicaciones, lo que ha generado opiniones divididas.
La discusión no debe de ser sobre la legalidad de la acción, sino sobre el “deber ser”, que, según la definición, es el conjunto de normas, valores y reglas sociales que dictan cómo deben actuar las personas en una sociedad. Representa la conducta ideal o esperada, a diferencia del “ser” que es la realidad de cómo actúan los individuos en la práctica.
Aunque el arma portada por Abelardo de La Espriella seguramente tiene salvoconducto o sea, permiso de porte y la puede llevar con él, no la puede exhibir porque la normatividad exige que debe llevarse en forma encubierta, discreta y sin que intimide a la ciudadanía, de lo contrario el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana sanciona la conducta.
Desde el punto de vista práctica, es una conducta que puede ser imitada por otros quienes pueden pensar que, si el ciudadano presidente de la república lo hace, ¿por qué ellos no?
Aunque en Colombia el Presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía, ello no significa que deba asumir la función operativa de un uniformado. Adicionalmente es una irresponsabilidad al colocar en riesgo la seguridad del presidente de la república exponiéndose a delincuentes en operativos. Hay que entender: no se trata de Abelardo de La Espriella, se trata de la figura presidencial. Son dos cosas diferentes.
Volvemos al “deber ser”. Se elige a un ciudadano como presidente de la república para que, entre otras cosas, diseñe e implemente las estrategias de seguridad nacional. Quienes las operativizan o colocan en práctica. Son las fuerzas armadas y de policía quienes tienen la preparación profesional para ello, además de estar contemplado dentro de sus funciones. Lo demás es show y afán de protagonismo innecesario.
Aunque estas actuaciones de Abelardo de La Espriella le den reconocimiento dentro de los sectores guerreristas del país y de sus fanáticos seguidores, además de servirle para elevar popularidad, nada tiene que estar haciendo en operativos de la fuerza pública contra los criminales. Zapatero a tus zapatos.
Por ganar popularidad, no puede colocar en riesgo la institución presidencial. Como lo expresamos anteriormente, no se trata de Abelardo de La Espriella, es la figura institucional de la presidencia de la república la que es colocada en peligro al participar en operativos contra delincuentes.
Manizales, septiembre 27 de 2026.