Por: Yuber Ramírez Quintero – Líder político, social y emprendedor.
Si la desproporción matemática y ambiental de pretender habilitar 805 hectáreas de expansión industrial en La Dorada ya generaba profundas preocupaciones, la manera en que la Administración Municipal y el Concejo empujaron este proyecto debería encender todas las alarmas ciudadanas. El reciente Acuerdo 010 de 2026 no solo consagra un modelo de desarrollo excluyente y sin viabilidad financiera a corto plazo, sino que parece haber nacido con graves fracturas legales que amenazan con derrumbarlo en los tribunales.
La primera gran sombra sobre este proceso es el afán. La planeación de una ciudad no se hace con cronómetro en mano, pero aquí sobró la prisa y faltó el debate. El alcalde convocó a sesiones extraordinarias en julio exclusivamente para aprobar esta Modificación Excepcional. La Ley 136 de 1994 es tajante en su artículo 75: si un proyecto no es aprobado en primer debate durante el periodo para el que fue convocado, debe ser archivado definitivamente. Julio terminó sin aprobación, el proyecto murió legalmente, pero la corporación decidió resucitarlo a la fuerza, aprobándolo en agosto y septiembre mediante un procedimiento que, como advirtió la concejal Faysury Moreno, expone al municipio a una inminente demanda de nulidad por falta de competencia temporal. ¿Qué interés tan grande y urgente existe para forzar un trámite viciado en lugar de hacer las cosas bien?
Esta urgencia administrativa nos lleva a una segunda pregunta incómoda. El Plan de Desarrollo «La Fuerza de las Ideas» habla de actualizar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Lo lógico, lo responsable y lo transparente era preparar al municipio para la gran Revisión Ordinaria que debemos hacer antes de 2027. Sin embargo, optaron por el «atajo» de la Modificación Excepcional. Trazar un polígono de 805 hectáreas exige estudios topográficos, hidráulicos y financieros de altísimo nivel. Si este no era el camino planificado a largo plazo, la ciudadanía tiene derecho a saber: ¿De dónde salió el presupuesto o la información técnica que sostiene esta expansión repentina? ¿Fue un esfuerzo genuino de la Secretaría de Planeación o se utilizaron insumos a la medida de los grandes poseedores de tierras en la zona norte?
Mientras se aprueban estas megazonas en los escritorios, se ignora la geografía real. El Departamento de Prosperidad Social y la visión nacional entienden que La Dorada y Puerto Salgar conforman un solo nodo logístico. El río nos une, pero la planeación nos separa. Aprobar una expansión equivalente a una ciudad entera, de espaldas a Puerto Salgar y sin un esquema de articulación metropolitana para aduanas, movilidad compartida e infraestructura, no es visión estratégica; es miopía territorial. Estamos dibujando fronteras en el papel mientras el mercado exige redes integradas.
Finalmente, la desconexión más dolorosa de este «pupitrazo» es la ambiental. El Acuerdo 010 se firmó y sancionó a mediados de septiembre, exactamente en los días en que el municipio enfrentaba graves emergencias. Vimos arder grandes extensiones en El Japón y Guarinocito, zonas directamente impactadas por este documento. Un suelo calcinado pierde su capa vegetal, multiplica el riesgo de erosión y altera drásticamente su capacidad de absorber agua. Aprobar la industrialización de estos terrenos sin exigir previamente una actualización urgente de los estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) tras los incendios, y sin definir el correspondiente protocolo de acción frente a emergencias que seguramente volverán a repetirse, no solo es una negligencia técnica, es una burla al medio ambiente. Quieren asentar bodegas sobre cenizas que hoy reclaman restauración ecológica urgente.
La Dorada no puede seguir hipotecando su futuro mediante atajos legales, miopía regional y ceguera ambiental. Un desarrollo logístico serio no se decreta resucitando proyectos archivados en el Concejo ni ignorando la fragilidad de nuestra tierra. Hoy, más que nunca, queda claro que este proyecto no fue diseñado para ordenar el territorio, sino para satisfacer el afán de unos pocos a costa de la seguridad jurídica y ambiental de todos.