Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
Quizás sea uno de esos interrogantes para los cuales vale el resignado saber, que no se puede encontrar jamás una respuesta definitiva, y menos aun cuando el ciudadano se pregunta la razón por la morosidad en los fallos judiciales.
Reconocer como el estado y su sociedad vienen siendo azotados por una violencia indiscriminada, protestas sociales, caos en la salud, desplazamientos masivos, la inseguridad tanto urbana como rural, una corrupción desbordada, con una lentitud en su judicialización y un sistema judicial que no transmite confianza, factores estos que originan que la nación este dividida e incrédula frente al futuro político social.
Ahora bien, todos coincidimos en reconocer la existencia de la crisis judicial, hasta se planteó como tema electoral, con propuestas de la urgente necesidad de una reforma estructural de los entes que conforman el sistema judicial colombiano, pero al momento de las decisiones aparecen circunstancias adversas y gratuitas que hacen imposible su reforma vía congreso.
La correcta aplicación de justicia que se anhela no solo debe darse en el campo penal, también extenderse al área civil, contencioso administrativo, comercial, familia, jurisdicciones en donde se debaten intereses de gran connotación para el desarrollo de la comunidad y del individuo.
Al ciudadano de a píe solo le interesa que se le instruya y falle su denuncia criminal, al igual que sus pretensiones ordinarias en tiempo razonable, no más lentitud en los trámites procedimentales, una decisión tardía constituye denegación de justicia, que se sancione la mora, cuando es imputable al funcionario judicial, que se discipline y castigue al abogado litigante dedicado a dilatar el proceso, que se respeten los términos legales elevados a rango constitucional, que se garantice el libre acceso a la justicia y una defensa al unísono de la constitución y la ley.
¿Pero cómo se puede hablar de una justicia eficaz, eficiente, pronta y cumplida, cuando de por medio se presenta la “vacancia judicial”, como factor que atenta contra el carácter de función pública permanente de la misma, por la reducción de la agenda laboral judicial generando menos productividad y gestión?
No será ¿Qué la vacancia judicial como está concebida viola el artículo 228 de la constitución cuando textualmente dispone que «las actuaciones de la administración de justicia serán públicas y permanentes?
Tema de gran importancia para el análisis, cuerpo de jueces, litigantes, la academia, legisladores, y por supuesto, el naciente gobierno.
No olvidar, que la paz social, tiene un punto de partida y uno de llegada: la pronta y cumplida justicia.
ADENDA UNO. Una vena rota que nadie se atreve cerrar.
Me refiero a las UTL de los parlamentarios.
Si se habla de austeridad y de la crítica realidad fiscal del país,
¿Cuál es la razón para no tocar este tema que se constituye en un filón que le representa millonarias cifras al presupuesto nacional?
Las matemáticas no mienten, cada legislador, en total 283 tienen derecho a 50 salarios mínimos al mes, que equivalen a 87 millones de pesos, para vincular hasta 10 personas que arroja un total de 295.000 millones, que pueden ser más por las prestaciones.
¿En la práctica que son? Cuotas burocráticas, pago de favores de campaña, el amigo, la ex novia, el primo, el que financió la campaña, de pronto un joven profesional hijo del amigo del parlamentario, todo lo que se quiera, menos oficinas de pensamiento, más parecido a una bolsa de empleo.
ADENDA DOS. La pregunta sería. ¿por qué no se reforman, reducir el tope de 50 salarios mínimos a 25, con la mitad se pueden tener buenos asesores, no 10 cuotas, que el país sepa quién asesora a quién y cuáles son sus méritos, que sean evaluados con resultados.
Ahora bien, el congreso no puede pedirle sacrificios a juan pueblo, cuando aprueba reformas tributarias, mientras mantienen una nómina paralela de casi 3000 personas contratadas a dedo.
Las cosas son como son.
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