EDITORIAL
En el mes de noviembre estaban inscritos como precandidatos a la Presidencia de la República más de cien colombianos. Hoy ese número ha disminuido ostensiblemente por renuncias, la consulta del Pacto Histórico y el proceso interno de selección del Centro Democrático; y disminuirá mucho más después de las consultas del 8 de marzo de 2026.
Después de las mencionadas consultas, es cuando empieza realmente la campaña presidencial. Todo lo que se ha publicado y publique antes en esta materia, será desinformación y obedecerá a la lectura de ese momento no a la proyección real porque aún no se conocen los candidatos que irán a primera vuelta.
No obstante, todos los precandidatos desde el momento en el que anunció su precandidatura a la presidencia de la república, les fueron asignados esquemas de seguridad, el más pequeño de ellos con dos camionetas blindadas, seis escoltas, dos conductores, radioteléfonos, chalecos antibalas y teléfonos celulares. Todo pago con dineros públicos, aunque algunos de los aspirantes cuentan con esquemas mucho más robustos.
Para el futuro es necesario reglamentar estas asignaciones de esquemas de seguridad porque hasta el momento no existe un mecanismo que certifique que alguien es precandidato presidencial, y todo se limita a un anuncio a través de medios de comunicación o redes sociales, y automáticamente tienen derecho al servicios de protección brindado por el Estado.
Sin lugar a dudas, muchos ciudadanos anuncian su precandidatura solo para contar con estos esquemas de seguridad y alimentar su vanidoteca. Quien se precandidatice debería presentar una garantía que lo obligue a mantener su aspiración hasta la primera vuelta o su descarte después de participar en procesos de selección internos de los partidos o consultas. Si renuncia antes, se le haría efectiva una multa. Ello le daría seriedad a las precandidaturas y le ahorrará mucho dinero en esquemas de seguridad innecesarios.
Por lógica, un proceso electoral en el que se presenten más de 100 precandidatos presidenciales, no puede ser serio, por ello es necesaria su reglamentación.
Pensilvania, febrero 01 de 2026.
