EDITORIAL
Ha empezado la recta final de sus mandatos todas las autoridades territoriales elegidas en octubre de 2023. Ya cumplieron la mitad de sus períodos, o sea dos años.
Con muy pocas excepciones, el sentir de las comunidades es que les ha hecho falta ejecutorias y por lo tanto están en deuda con sus electores. Es la desconexión entre las promesas electorales y los resultados de su gestión.
Esas promesas incumplidas han creado entre los ciudadanos frustración, desconfianza y desesperanza, máxime cuando sobre la mayoría de mandatarios territoriales se tejen mantos de duda sobre malos manejos y corrupción.
En estos dos primeros años se dedicaron a terminar e inaugurar las obras que planearon e iniciaron sus antecesores, y a viaticar en forma exagerada para mejorar sus ingresos mensuales; sin embargo son muy pocos los logros significativos de sus gestiones.
Participan en cuanto foro, reunión o conferencia son invitados. Compran distinciones y condecoraciones para hacerse ver como los mejores en su campo, y ya no atienden a los ciudadanos de manera personalizada. La usencia en sus territorios es la constante, por ello sus secretarios de despacho ejercen tanto poder, son quienes realmente atienden y resuelven aunque en la mayoría de los casos están adiestrados para “embolatar” a quienes buscan soluciones a sus problemáticas.
En su gran mayoría, los alcaldes y gobernadores tienen agenda propia donde su principal interés es el desvío de fondos públicos para apropiarse de ellos a través de contratos fáciles de direccionar. De ahí el incumplimiento de los proyectos anunciados en sus promesas de campaña y la falta de atención a las necesidades básicas de sus comunidades. Son gobernantes que se están enriqueciendo a costas del erario amparados por el silencio cómplice de los organismos de control del Estado que tardan años y años en sus investigaciones y emiten un fallo mucho tiempo después de terminados los períodos constitucionales.
Son muy pocos los gobernadores y alcaldes actuales que pasan el examen. Las promesas incumplicas, la falta de transparencia, la corrupción y la politiquería son los aspectos más sobresalientes de la mayoría de las actuales administraciones departamentales y municipales.
Las Corporaciones públicas correspondientes como lo son las Asambleas y los Concejos municipales, olvidaron su principal función que es la de control político porque a punta de dádivas económicas, puestos y contratos, los ejecutivos departamentales y municipales construyeron mayorías en las bancadas de gobierno cuyos integrantes se hacen los de la vista gorda, les acolitan y tapan los malos manejos.
Un gobernante que haga bien las cosas, que administre con transparencia y rectitud, no tiene necesidad de comprar mayorías en las Asambleas o Concejos municipales. Esto solo lo hacen quienes ya tienen la predisposición de ir a robar y a buscar la forma de cometer ilícitos. De ahí la desilusión de los electores que termina en el aumento del abstencionismo y la protesta social.
Lo más grave es que, prácticamente el tiempo ya se les agotó a los actuales mandatarios territoriales. Estos últimos dos años son electorales y con ley de garantías. Será muy poca la maniobrabilidad y la gestión. La suerte está echada y una vez más los perdedores serán las comunidades y sus territorios.
La desconexión entre las promesas de campaña y la realidad, están acabando con la credibilidad de los gobernantes y de las instituciones democráticas. ¿Cuándo llegará el momento en el que el ciudadano vote en forma responsable eligiendo a los mejores?
Manizales, enero 11 de 2026.