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LA CONGESTIÓN Y EL ATRASO JUDICIAL IMPIDEN LOS FALLOS A TIEMPO

Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.

En una columna de opinión de un ex ministro de justicia se refería a un fallo de tutela de la Sala Penal de la Corte Suprema donde cuestionaron la reiterada excusa de los jueces invocando la congestión judicial como justificación para incumplir los términos procesales, con un argumento de peso referente a las “falencias en la forma como los jueces y magistrados administran sus despachos”

Es indudable que   se ha llegado a un punto en el desarrollo del aparato judicial colombiano que pide medidas excepcionales en torno al eterno problema del atraso, por cuanto una justicia que no sea pronta, cumplida y eficaz, ella no existe, sino se cumple con esas exigencias mínimas elevadas a rango constitucional.

Seamos claros, y no llamarnos  a engaño, la lentitud de los procesos existe, el viejo anhelo de lograr su autonomía se ha concretado con los instrumentos constitucionales  que la reforma  del 91  le otorgó, reconocer el mejoramiento  de las condiciones locativas y logísticas para el funcionamiento de los despachos, se ha estimulado el nivel salarial de los funcionarios, se ha establecido la sistematización, se ha consolidado la carrera judicial garantizando una estabilidad  laboral, o sea que todas las fórmulas que la mente puede ingeniarse han sido diseñada para afrontar el fenómeno planteado de la  congestión y  el atraso judicial, pero a pesar de todos estos esfuerzos sigue latente el mal y lo más desalentador día  a día se incrementa.

Le asiste la razón al fallo de tutela cuando se  refiere a las falencias en el manejo de los despachos judiciales, se debe reconocer que el aspecto humano incide notoriamente en el ejercicio jurisdiccional, en nuestro país no hay establecida  una carrera de jueces, operan unas escuelas de derecho en donde se otorgan  títulos de abogados con formación general, pero no se les enseña cómo administrar un despacho judicial, como racionalizar el trabajo,  como  realizar  una  labor  armónica con  sus  colaboradores, en beneficio  del mismo despacho  como  de los usuarios.

La justicia es un derecho de todos y se constituye en el instrumento de las sociedades democráticas para solucionar los conflictos de intereses, controversias que surjan dentro de la convivencia ciudadana, debiendo ser aplicada con objetividad, transparencia, por funcionarios debidamente capacitados, libres de cualquier sospecha de índole moral.

Ahora bien, la política de descongestión aplicadas en el pasado han terminado sin efecto práctico alguno, por no  partir  de un diagnóstico procesal  acertado, por cuanto la descongestión debe obedecer a muy claros criterios de demanda, tanto en factores geográficos, con postulados precisos de flexibilidad, temporalidad y de resultados,  pero con  serios interrogantes sobre la calidad de los fallos, planta de personal que le ha representado a la rama  millonarios recursos con una pobre productividad.

ADENDA UNO. Ya es tiempo de tener soluciones concretas, Gobierno,  Congreso de la República, estamento judicial, colegios de abogados, litigantes, sociedad civil deben hacer una causa común frente a las deficiencias del aparato judicial,  solicitar  cesen los diagnósticos que cada ministro presenta, como los organismos encargados por ley de eliminar la congestión y el atraso, con un llamado a los operadores judiciales para que reconozcan que no solamente existe un derecho que se  “dice“, sino también un  derecho que  se  “hace“, y que se cumpla el artículo 228 de la carta política que establece la prevalencia del derecho sustancial, con la precisa indicación que los términos procesales son de obligatorio cumplimiento y su inobservancia se constituye en causal de mala conducta.

ADENDA DOS.  Entenderá el gobierno del “cambio “, que la paz tiene un punto de partida y uno de llegada, que es la pronta y cumplida justicia.

Una justicia sana e imparcial, enaltece la democracia, haciéndola sólida y vigorosa.

ADENDA TRES. ¿Será posible en lo que resta de este lánguido periodo presidencial dignificar la política exterior, cartera ocupada en el pasado por ilustres colombianos, hoy sometida a una capitis deminutio?

*Exmagistrado

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