VIACRUCIS

EDITORIAL

Aunque la Semana Santa de los cristianos se celebra en el mes de abril de 2025, muchos colombianos ya empezaron a recorrer su viacrucis.

Se trata de los contratistas de las entidades públicas del país en todos sus niveles. Año tras año es la misma tragedia para ellos, la incertidumbre y, hasta, la degradación.

Lo primero que tienen que hacer estas personas es buscar y lograr la bendición de un jefe político, luego tener el beneplácito de quien será su superior inmediato para que acepte contratarlo y por último someterse a las condiciones del contrato, en muchos casos, arbitrarias, antes de acreditar una cantidad de documentos que incluyen pagos de pólizas y estampillas.

Su tragedia no termina con la firma del contrato. Empieza un período de zozobra porque como este año es electoral, en muchas entidades los contratos se hacen por un término de tres meses para garantizar la genuflexión del contratista a los jefes políticos, y solo cuando ello esté garantizado, se les renueva. Adicionalmente, ninguna persona contratada bajo esta modalidad, labora los doce meses del año; a quienes mejor les va, lo hacen durante 11.

Como si lo anterior no fuera suficiente, los contratistas del Estado son convertidos en la primera línea de activistas políticos y sobre sus hombros recae la responsabilidad de la organización de toda clase de actividades proselitistas.

En no pocos casos, también son obligados a entregar un porcentaje de sus honorarios a los directorios políticos que los respaldan; en otros, el valor mensual del contrato es muy superior a lo pactado porque el resto también deben de entregarlo a sus padrinos.

De acuerdo con una investigación hecha por la Universidad de Los Andes, “La contratación por prestación de servicios, uno de los fenómenos que definen hoy la administración pública en el país, facilita cierta flexibilidad en la medida en que los gerentes públicos pueden armar equipos y responder a necesidades y tareas específicas, sin embargo plantea retos enormes porque podría aumentar los riesgos de clientelismo y corrupción,” advierte Pablo Sanabria, profesor de la Escuela de Gobierno y director de la investigación.

Los contratos por prestación de servicios en el país aumenta año tras año. “Los costos de este fenómeno son enormes: tanto para quienes asumen estos contratos, pero también para el sector público. “Puede afectar la continuidad de las políticas públicas y afectar la gestión del conocimiento dentro de las entidades, porque muchas personas desarrollan labores vitales y que generan información que, si se van, se pierde”, agrega Sanabria.

En muy pocos casos los honorarios recibidos por estos contratistas son integrales y equivalentes a los que gana mensualmente un funcionario de planta de idéntico nivel, lo que afecta la calidad del empleo público entre unos y otros.

El mismo estudio de la universidad de Los Andes logró determinar que la mayoría de jóvenes que entran al sector público, lo hacen bajo este tipo de modalidad. “Esto puede traer malas prácticas por parte de algunos grupos de interés como lo hemos visto con algunos políticos que usan estos contratos como sus fortines políticos”, agregó el profesor Oscar Becerra.

Este tipo de contratación podría traer efectos negativos como la falta de continuidad de políticas, patronazgo político, la alta rotación de personal y la atracción de personas no motivadas al servicio público.

Para contrarrestar estos efectos, la investigación recomienda crear mecanismos que permitan regular y definir unos techos presupuestales y unos límites en términos de funciones, cargos y el número de contratos que puede tener cada entidad.

Mientras que en Colombia no se amplié la cobertura de la carrera administrativa, los políticos seguirán traficando con la necesidad de los colombianos contratistas del Estado.

Manizales, enero 19 de 2025.