“El incremento del 5,3 % en la unidad de pago por capitación (UPC) es insuficiente y afecta directamente nuestro presupuesto”, informa a la opinión pública el gerente del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahíta Gutiérrez. Ante esta novedad que marca el inicio de año con un panorama nublado para la salud en Colombia y que hoy se debate con fuerte preocupación en la esfera nacional, es importante acotar que, la Ley 1751, reconoce la salud como un derecho fundamental y no solo como servicio público. También es una realidad que en los últimos tiempos ha incrementado la demanda de servicios por parte de los usuarios, lo mismo que las tutelas relacionadas con derechos en salud. Entonces, cada vez se requiere de mayor cantidad de recursos para garantizar la operatividad de las clínicas y hospitales y por lo tanto, no es lógico bajo ningún parámetro, que estos se reduzcan.
Es importante analizar la situación bajo el escenario del incremento sobre el salario mínimo, que fue del 9.5%, pues en el Hospital Santa Sofía contamos con cerca de 400 enfermeras, que no pueden devengar menos del salario mínimo legal vigente. Como consecuencia, la contratación de este personal aumentó los gastos en más de $2.000 millones anuales; pero los recursos que percibirá el Hospital, solo incrementarán un 5.3%, lo que de entrada deja en desbalance a la institución a la hora de cubrir sus obligaciones.
Los indicadores económicos llaman la atención. A nivel mundial el valor del petróleo sigue creciendo, mientras la inflación global se dispara. En Colombia por el contrario se reporta un indicador de inflación o IPC del 3,9 %, un incremento salarial del 9,5% y un escaso aumento a la UPC.
“La pregunta como gerente del Hospital Santa Sofía es: si el año pasado vivimos una crisis económica en el sector salud debido al bajo valor de la unidad de pago por capitación (UPC), ¿cómo será este año? Pues creo que la situación puede ser aún más difícil”, aseguró Piedrahíta Gutiérrez.
Desde el punto de vista normativo, la Sentencia 760 y la Ley 1751, exigen un principio de progresividad en el sistema de salud colombiano, lo que implica que el gasto en salud debe aumentar proporcionalmente año tras año. Sin embargo, mientras en vigencias anteriores la UPC creció un 16% y luego un 12%, ahora solo aumentó un 5,3 %, menos de la mitad del incremento del año anterior. Este factor puede generar un déficit acumulativo que afecte contundentemente al sistema durante la vigencia 2025.
Dicha proyección podría también conllevar a que las IPS reciban, tal vez, más tutelas por servicios insuficientes y mayores dificultades en la atención a los usuarios debido a la falta de presupuesto, condiciones que irían en detrimento de la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios, y aún más grave, bajo la coyuntura de las intervenciones recientes a las EPS. Cabe también reiterar que actualmente se presenta una mayor prevalencia de enfermedades y de pacientes descompensados por la falta de continuidad en sus tratamientos o la ausencia en la recepción de sus medicamentos, carga que al final de cuentas terminan asumiendo las diferentes instituciones hospitalarias como Santa Sofía.
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