SANCIÓN SOCIAL

EDITORIAL

Editorial: Mandatarios, gerentes y secretarios ricos, Pueblo Pobre: ¿Dónde Están los Entes de Control y en su defecto la Sanción Social?

En Colombia, el ciclo parece repetirse sin cesar: llegan al poder figuras que se presentan como servidores públicos comprometidos, muchas veces con un pasado humilde y con promesas de cambio. Sin embargo, al final de sus periodos, algunos de estos mandatarios, gerentes y secretarios salen del poder con fortunas inexplicables, propiedades de lujo y estilos de vida que contrastan violentamente con la realidad de quienes confiaron en ellos.

Mientras los ciudadanos enfrentan necesidades básicas sin resolver, ellos disfrutan de riquezas adquiridas bajo la sombra de la duda. Esto no solo es una traición a la confianza pública, sino una afrenta directa a los principios de honestidad y transparencia en la gestión de los recursos del Estado.

La gran pregunta que surge es: ¿dónde están los entes de control? La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía deberían ser los garantes de que los recursos públicos sean bien administrados y de que cualquier irregularidad sea castigada. Pero el tiempo y los hechos nos muestran que, en muchos casos, estos organismos actúan con lentitud, o ni siquiera llegan a actuar. La impunidad parece ser la regla para aquellos que ostentan poder, dejando a los ciudadanos con la amarga sensación de que existen dos tipos de justicia: una para el ciudadano común y otra para quienes han tenido la oportunidad de gobernar o de administrar recursos públicos.

Es evidente que cuando los entes de control actúan con tibieza, no solo permiten que el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y el abuso de poder de mandatarios, gerentes y secretarios quede sin sanción, sino que envían un mensaje preocupante: ser corrupto en Colombia, especialmente en altos cargos de poder, tiene pocas consecuencias. Esto no solo erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino que alimenta la percepción de que la política y la administración pública son medios para el enriquecimiento personal, y no para el servicio al bienestar colectivo.

Mientras tanto, las comunidades quedan desprovistas de los recursos necesarios para su desarrollo. Las escuelas públicas, las carreteras, los hospitales y los programas sociales que podrían mejorar la calidad de vida de millones de colombianos son los que terminan pagando el precio de esta corrupción impune. Cada peso desviado es un peso que no llega a quienes realmente lo necesitan, perpetuando un ciclo de pobreza y desigualdad que limita el progreso del país.

Es urgente que los entes de control adopten una postura firme y ejemplarizante frente a los casos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y corrupción. Los colombianos merecen saber cómo, cuándo y por qué sus mandatarios, gerentes y secretarios lograron aumentar sus fortunas durante sus periodos de gobierno o administración. Necesitamos auditorías exhaustivas y procesos judiciales que no se limiten a los titulares de prensa, sino que lleguen hasta las últimas consecuencias, incluyendo la recuperación de los bienes y el dinero mal habidos.

Pero ante la inacción de los entes de control, la sociedad civil debe tomar la responsabilidad de ejercer una sanción social contundente. Estos personajes, que traicionan la confianza pública, deberían ser marginados y aislados de los espacios de influencia y reconocimiento en la vida social y económica del país. La ciudadanía tiene el poder de rechazar su presencia y de no permitir que estos individuos continúen disfrutando de los privilegios que les otorgaron sus cargos.

Esta editorial es un llamado a la acción, tanto para los ciudadanos como para los entes de control. La ciudadanía debe ejercer su derecho de vigilancia, denuncia y sanción social, exigiendo respuestas y transparencia de aquellos que los representan. Los entes de control, por su parte, tienen el deber de demostrar que la justicia no distingue entre poderosos y débiles, ricos y pobres. Solo así podremos aspirar a una democracia en la que el servicio público sea un honor, y no una oportunidad para el saqueo.

Manizales, noviembre 17 de 2024.