EDITORIAL
De manera unánime el pasado martes la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley Estatutaria con la que se expedía el Código Electoral que introducía cambios importantes a los procesos electorales en el país.
Es la segunda vez en dos años largos que se cae en la Corte Constitucional una iniciativa en este sentido, ya en abril de 2022 había sucedido lo mismo y por motivos similares.
Desde hace varios años se viene hablando de la necesidad imperiosa de actualizar las normas electorales en Colombia, muchas de las cuales consideradas obsoletas ya que datan de 1986 y las condiciones estructurales, sociales y políticas de la época eran muy distintas a las actuales.
La proliferación de candidatos, partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participan en un proceso electoral, especialmente en las elecciones para autoridades territoriales, hacen que cada vez sea mayor el número de demandas y quejas, muchas de las cuales se quedan sin resolver.
El Código Electoral declarado inexequible contemplaba cambios importantes como el voto electrónico mixto, es decir, que la persona iba al centro de votación correspondiente y marcaba su voto con ayuda de la tecnología y ya no a mano en el tarjetón; la ampliación de la jornada electoral en una hora o sea hasta las 5 de la tarde, la eliminación de la inscripción de cédulas cambiándola por una visita domiciliaria; modificación del esquema para la inscripción de candidatos, la selección de jurados, el preconteo y conteo de los votos; disponía normas especiales para la contratación de los software; y establecía nuevas competencias para la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Lo más lamentable es que la Corte Constitucional encontró vicios de trámite en esta Ley Estatutaria, es decir, el Congreso de la República se equivocó o no tuvo en cuenta aspectos fundamentales como la real deliberación, el cumplimiento del principio de publicidad, la consulta previa sobre algunos artículos que podrían afectar directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y tampoco tuvieron en cuenta el impacto fiscal. Lo anterior significa que nuestros congresistas no fueron juiciosos o no conocían el procedimiento.
Mientras tanto, el país sigue a la espera de la modernización de los procesos y mecanismos electorales muchos de los cuales ya es hora de actualizarlos.
Manizales, agosto 18 de 2024.
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