EDITORIAL
Esta semana deben de quedar aprobados los planes de desarrollo municipales, distritales y departamentales. Los que sean negados por las corporaciones respectivas, los adoptará el alcalde o gobernador por decreto según el caso.
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, es decir la Ley 152 de 1994, establece las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, del cual se debe derivar toda la planeación del país incluyendo la de los entes territoriales.
Inicialmente los planes de desarrollo municipales se limitaban a contener únicamente los programas de gobierno de los candidatos ganadores en las elecciones inmediatamente anteriores; sin embargo, en los últimos cuatrienios, los gobiernos nacionales les han adicionado una serie de temas y responsabilidades convirtiéndolos en documentos extensos con metas prácticamente inalcanzables.
El gobierno Petro no ha sido la excepción y ha exigido incorporar a los planes municipales de desarrollo un Plan Territorial de Salud y líneas estratégicas para la paz.
Todas estas nuevas responsabilidades creadas para los entes territoriales van sin el acompañamiento de recursos para su ejecución, lo que finalmente las hace prácticamente inviables.
Las responsabilidades para los municipios cada día son mayores y los recursos, ingresos propios y transferencias, no crecen en la misma proporción, de ahí la caótica situación financiera de muchos de ellos.
Estos planes de desarrollo que quedarán aprobados durante la presente semana, en su gran mayoría no pasarán de contener una serie de buenas intenciones que difícilmente se convertirán en realidad y serán una nueva frustración para muchas comunidades.
El Congreso de la República debe de aprobar el Proyecto de Acto Legislativo que cursa actualmente sobre la reforma el Sistema General de Participaciones incrementando el monto de transferencias para los Departamentos, Distritos y Municipios, lo que será un leve, necesario y urgente alivio para las finanzas de estos entes territoriales.
Pensilvania, mayo 26 de 2024.
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