Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
A propósito de la posesión de la segunda mujer en ser elegida para ocupar la Fiscalía General de la Nación se expusieron algunas ideas que tocan con el funcionamiento del sistema judicial en el país por parte del presidente y la nueva funcionaria.
Allí se habló de la imperiosa necesidad de una reforma a la justicia, con un enfoque que permita un proceso de reconciliación y de “perdón social “, sin ahondar como operaría ese perdón y a quienes beneficiaría sin caer en el campo de la total impunidad.
Se pregunta, ¿En la actualidad opera una justicia que garantice el respeto a los derechos humanos, con la aplicación correcta de las normas vigentes, definiendo en tiempo razonable las pretensiones invocadas?
La respuesta sería que es incuestionable que el país se encuentra atravesando por un momento difícil de su historia institucional, con una gobernanza maltrecha, la sociedad viene siendo golpeada por una violencia indiscriminada, protestas sociales, caos en la salud, desplazamientos masivos, la inseguridad tanto urbana como rural, una corrupción desbordada y la lentitud en su judicialización, con un sistema judicial en todas sus áreas que no transmite confianza ciudadana, factores estos que originan un panorama difícil de descifrar.
Ahora bien, la correcta aplicación de la justicia que se anhela debe darse en el campo civil, en el contencioso administrativo, en el laboral, comercial, de familia, en donde se discuten intereses de gran importancia para el desarrollo de una comunidad y del individuo, sin centrar las críticas en el ámbito penal por la falta de resultados del sistema penal acusatorio, publicitado en su momento, pero desdibujado por las actuaciones de los funcionarios encargados de aplicarlo, tarea esta que debe ser prioritaria para la nueva fiscal devolverle la credibilidad ciudadana a esa institución creada en la constitución del 91.
Reconocer que la justicia tiene carácter de función pública, que sus actuaciones deben ser permanentes, así lo dispone la constitución nacional, disposición que no se cumple, por cuanto se labora 18.6 días por mes, para un total de 223 días año laboral judicial, que equivalen a 7.4 meses, sin contar las situaciones que se presentan por diferentes causas que van desde encuentros jurisdiccionales, el día de la rama, cambio de secretario, capacitación, paros, el uso indebido de los permisos judiciales, traslados de dependencias, la vacancia judicial, o como en el pasado, cruceros de altamar.
Menos titulares de prensa referente al tema, comisiones de reforma, ha llegado el momento de dignificar la justicia, la que está en cuidados intensivos y como tal debe ser tratada, sin ocultar una evidente realidad, considerando prioritariamente al ciudadano de a pie quién es el que sufre la indefinición de sus procesos, como la zozobra que genera la inseguridad que campea a lo largo del territorio nacional.
Si el estado como ente jurídico y los que integramos el concepto de nación anhelamos la paz, se debe ser consciente que ésta tiene un punto de partida y un punto de llegada, que no es más que la PRONTA Y CUMPLIDA JUSTICIA.
ADENDA: La incredulidad frente al sistema judicial colombiano nos hace evocar al libre pensador Antonio José Restrepo, conocido como ÑITO, intelectual del siglo pasado, defensor de los sectores más vulnerables de la sociedad, cuando al referirse a la justicia colombiana por la década del treinta acuñó la famosa frase, “el código penal es un perro bravo que no muerde sino a los de ruana, “frase que se iría reduciendo en su contenido, “la justicia es para los de ruana “.
*Ex magistrado.
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