Opinion

LA INTRUSIÓN POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN COLOMBIA

Natalia López Arboleda

Por: Natalia López Arboleda – Politóloga UAM – Especialista en Contratación Pública UM – Correctora de Estilo APA.

La persistencia en la falta de acuerdo en la elección del nuevo fiscal general de Colombia refleja la complejidad de un proceso crucial para el país. Con tres intentos fallidos y sin una decisión definitiva, la incertidumbre y la preocupación sobre la estabilidad y eficacia del sistema judicial continúan creciendo.

El hecho de que las candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro no hayan logrado obtener los votos necesarios para ser elegidas fiscal general, plantea interrogantes sobre la dinámica política y las alianzas dentro del tribunal. En medio de este impasse, Martha Mancera continúa en funciones como encargada de la Fiscalía, una situación que no es nueva en la historia de la institución, sin embargo, esta interinidad prolongada subraya la urgencia de resolver la situación de manera pronta y efectiva para evitar un vacío de liderazgo en una entidad tan crucial para la administración de justicia en el país.

Por un lado, la ausencia de acuerdo entre los magistrados ha minado la confianza en el Estado de Derecho, al cuestionarse la habilidad del sistema judicial para tomar decisiones de manera imparcial y justa. Por otro lado, el bloqueo físico del acceso al edificio por parte de seguidores del presidente Petro representa una clara interferencia, debilitando la independencia de la justicia y poniendo en entredicho la imparcialidad de las decisiones que se toman en dicho entorno. En conjunto, estos sucesos han creado una atmósfera de desconfianza y escepticismo respecto a la integridad y eficacia del sistema judicial, representando un desafío significativo para el mantenimiento y la confianza en las instituciones democráticas del país.

Sin lugar a duda, la elección del fiscal es trascendental para el país, especialmente considerando las circunstancias particulares en las que se encuentra Colombia, dada la investigación y detención de familiares del presidente Petro, situación que añade una capa adicional de complejidad al escenario político actual, debido a que existe una preocupación legítima de que la presión política esté vinculada a intereses personales o familiares, lo que podría comprometer la integridad del asunto judicial y la lucha contra la corrupción.

Es importante señalar que la intrusión política, venga de donde venga, incluido el presidente Petro, no favorece la integridad ni la imparcialidad del sistema judicial colombiano, teniendo en cuenta que la situación actual desdibuja la estructura del Estado, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad para operar de manera independiente y justa.

Lo más visto

Subir