Por: José Oscar González Hernández. Se desempeñó como alcalde de Pensilvania, Diputado a la Asamblea de Caldas, Personero de Manizales.
Nuestro país está un poco revolcado y el que lo ha puesto así, es el señor Presidente de la República. Primero le dio por seguir dándole china a la pelea que tiene con el Fiscal General; seguidamente le dio por no aceptar la decisión de la Procuraduría de sancionar con suspensión del cargo al Canciller Leyva y para arreglar la situación la charla con el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en donde creemos nosotros, no hubo comunicado oficial sobre la charla, que era para plantearle la inquietud que se eligiera el sucesor del Fiscal y remató con una comunicado que sólo el presidente lo entendió.
El jueves anterior, la Corte realizó su sesión ordinaria y tampoco, para variar, eligió a la señora Fiscal.
Dentro del desarrollo normal de actividades en palacio, allí llegó una carta suscrita por los integrantes del secretariado de las farc, poniendo unas quejas muy puntuales sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Les vamos a decir a nuestros lectores lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años.
La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.
El trabajo de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley y los magistrados. En particular, podrá conocer de los delitos que hubieren cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional aclaró que su participación en la JEP sería voluntaria”.
No sabemos si los firmantes aprovecharon la presencia de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de visita en el país o tendrá otras implicaciones. En su larga carta los desmovilizados plantean muchas preguntas y hasta quieren retirarse de dicha jurisdicción. La JEP es una entidad judicial, ahí entra en la separación de poderes del Estado, es decir, la carta dirigida al Presidente Petro, él no es el destinatario legal, es la JEP, quien por su creación es independiente, autónoma y sólo le rinde cuentas a la ley, no al poder ejecutivo.
Otra de las quejas de los firmantes, son muchas, es que el tribunal no debería seguir investigando con tanta diligencia los crímenes cometidos durante el conflicto armado y más bien concentrarse en acelerar las amnistías; esto lo trae el editorialista de El Espectador.
Como lo vemos los ánimos están caldeados y el Presidente se imagina “Golpes Blandos” y cuanta cosa quiera pensar.
Sólo debemos pedirles calma a todos los actores para que las aguas se serenen y retomen el curso normal.
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