Opinion

EL DESASTRE DE LA PTAR CON CARLOS MARIO MARÍN.

Por: Juan Esteban Gallego Mendieta.

El [remedo de] alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, no deja de causarnos estupor por su incapacidad e inexperiencia. Esta vez quiero contarles un poco sobre la PTAR que, para mí, fue la primera muestra, antes de posesionarse como alcalde, de lo que iba a ser la administración de Marín Correa. Hagamos, entonces, un recorrido por los pormenores de esta obra.

Debemos comenzar acotando que la necesidad de construir la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) se da a partir de una decisión judicial de septiembre del año 2007, donde se ordenaba a los municipios de Manizales y Villamaría, junto a la CAR del departamento (Corpocaldas), ejecutar dicha obra con el fin de descontaminar la fuente hídrica (cuenca del río Chinchiná) de los residuos fecales que terminaban en el río. No fue hasta diez años después, en el año 2017, que se comenzó a transitar el camino para la construcción de la PTAR.

En efecto, en esa anualidad, se contrataron los diseños para la PTAR por una cifra cercana a los 7 mil millones de pesos. En el año 2018, en noviembre, por medio del Acuerdo Municipal 145, el Concejo de Manizales autorizó comprometer vigencias futuras del municipio por 13 mil 500 millones de pesos, lo cual sería el aporte de la ciudad para realizar la obra. Valga anotar que el alcalde Marín, en ese año concejal, se opuso con vehemencia a la aprobación de este Acuerdo, sin tener en cuenta que, de no haber cierre financiero (incluyendo, obvio, los aportes del municipio de Manizales), había riesgo inminente de que el Gobierno Nacional no aportara recursos a la obra. El concejal verde desconoció la ideología que pregona: la defensa y la protección del medio ambiente.

En todo caso, los recursos para la obra estaban dispuestos así:

1. El Ministerio de Vivienda aportaba 42 mil 800 millones de pesos.

2. El municipio de Manizales aportaba 13 mil 520 millones de pesos.

3. Corpocaldas aportaba 6 mil 700 millones de pesos.

4. Aguas de Manizales aportaba 47 mil 148 millones de pesos.

En total, pues, 110 mil 168 millones de pesos para hacer la obra ecológica más grande de la historia del municipio de Manizales y del departamento de Caldas. Dinero con que se iba a construir una PTAR que tratara 640 litros por segundo. Además, por medio de la licitación pública en donde hubo, por lo menos, 1200 interesados, se hicieron exigencias técnicas para garantizar que, construida la Planta, esta cumpliera cabalmente con su fin. Inclusive, se le exigía a la firma constructora tener un socio inscrito ante la Cámara de Comercio de Manizales, con mínima experiencia en la realización de este tipo de menesteres, para que la ingeniería local se beneficiara económica y profesionalmente.

Ahora bien, al llegarse la fecha límite (a saber, 06 de noviembre del 2019) para la presentación de las propuestas en el marco de la licitación pública, sólo se entregaron 2: una de ellas de Fypasa, quien actualmente es la encargada del proyecto. Pues efectivamente, Carlos Mario Marín, alcalde electo para esa época, comenzó una febril persecución y acusación al alcalde de Manizales de ese momento, Octavio Cardona, aseverando con frenesí que, al no haber pluralidad de oferentes, se estaba, supuestamente, ante una evidente y marcada corrupción. Por lo demás, dijo que el terreno donde se iba a construir la Planta no cumplía con los requerimientos técnicos. El exalcalde Cardona decide no adjudicar el proyecto, advirtiendo, eso sí, que el precio de la obra aumentaría exponencialmente dadas las circunstancias económicas globales.

Llegamos al gobierno de Carlos Mario. En su [inexistente] sapiencia, el alcalde decidió que, para garantizar “más proponentes”, los requisitos técnicos que se exigían al contratista encargado de realizar la PTAR fueran más laxos. Así, verbi gratia, ya el caudal no iba a ser de 640 litros por segundo sino de 520 litros por segundo, y la exigencia de tener un socio local desaparecería también, entre muchas otras.

Marín Correa se enfrentó a la mordaz realidad. En su proceso licitatorio, sólo dos firmas constructoras pasaron propuestas: Fypasa y JLX. La última no cumplió con las exigencias técnicas, aun siendo estas inferiores en parangón con las del año 2019; por lo que la obra le fue adjudicada a Fypasa, la misma firma que había sido seleccionada dos años antes, cuando el alcalde era Cardona León. Con diferencias ingentes: se trata menos caudal por segundo (520 litros por segundo, cuando en el año 2019 se hablaba de 640 litros por segundo) por un precio superior (en el año 2019 valía la obra 110 mil millones de pesos; en el 2021, cuando fue adjudicada, se hizo por más de 146 mil millones de pesos). Se paga más por menos. Y –oh, sorpresa– se está construyendo en el mismo lugar donde, antes, Carlos Mario aseguró que no se podía construir.

Y los problemas continúan. Según el último informe de la Contraloría General de la República, el avance de la construcción de la PTAR está en 5.5%, cuando debería estar en 20.32%: un atraso de un 15%, lo que en tiempo significa un retraso de hasta el 73%. A Fypasa, además, se le han dado adelantos para la obra por cerca de 40 mil millones de pesos. El Gobierno Nacional aportó el 47% de los recursos para la realización de la obra. En suma, esas son las preocupaciones de la Contraloría.

Y sigue. La obra fue adjudicada en diciembre del año 2021, fecha en la cual se debió firmar el acta de inicio de esta. Si así hubiese ocurrido, la obra debería tener un avance del 35%; no obstante, el acta de inicio se firmó en abril del año 2022, por lo que, según el contrato, la obra debe terminarse el 03 de enero de 2024, dado que su construcción se proyectó en 630 días (21 meses). Como ya se dijo, la obra presenta una dilación significativa en su avance y, por ello, Fypasa está pidiendo ampliar el plazo de entrega para marzo del 2024.

En conclusión, dada la puerilidad de Carlos Mario y sus majaderos antojos, los manizaleños estamos llamados a pagar, vía impuestos, 40 mil millones de pesos más por una obra que, por el afán de sobresalir y embaucar, Marín Correa hizo declarar desierta para, luego, (i) adjudicarla al mismo proponente, (ii) realizarla en el mismo lugar, (iii) tratar menos caudal y (iv) pagar más.

Esos son los desastres que nos deja esta perversa administración. Ojalá encienda, el próximo alcalde, rojas alarmas para que los responsables del fiasco sean investigados y, eventualmente, sancionados.

Señor alcalde, la experiencia no se improvisa.

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