Hace cuatro años, el actual gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, recorría todos los municipios de Caldas con la maqueta de una casa, prometiéndoles a cientos de humildes caldenses que durante su gobierno tendrían casa propia y que este programa sería una verdadera revolución.
Transcurridos 3 años y medio de su administración, esta propuesta no tuvo los resultados prometidos. Hoy 15 alcaldes de municipios del departamento de Caldas están seriamente preocupados por las acciones que los organismos de control del Estado como Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, empezarán a ejercer sobre el proyecto “Mil Viviendas” de la Gobernación de Caldas que, a escasos siete meses de terminación de esta administración, no ha despegado y es imposible su realización antes de culminar sus períodos.
El pasado miércoles se conoció la decisión de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República de aceptar la solicitud de control previo y concomitante a este proyecto. La primera alerta la dio el exgobernador y actual senador, Guido Echeverri, en una columna de opinión en el mes de diciembre de 2022 en la que denunció la incapacidad técnica de ejecución de este proyecto de vivienda debido a la falta de planeación y errores en la formulación. En lugar de aplicar los correctivos del caso, el gobernador se indignó con su antecesor y rompió relaciones con él.
Hace dos semanas, la Corporación Cívica de Caldas solicitó a los organismos de control la estricta vigilancia del proyecto Mil Vivienda y denunció irregularidades en los objetos de algunos contratos de prestación de servicios pagados con dineros de este programa.
La preocupación de estos 15 alcaldes se fundamenta, además de quedar mal con sus comunidades, en que todos hicieron préstamos con Inficaldas algunos, y otros con la banca privada, para hacer los respectivos aportes al programa, dineros sobre los cuales han pagado millonarias sumas de dinero por concepto de intereses, lo que puede configurar detrimento patrimonial para estos municipios debido a que el proyecto no se ejecutará, lo que conllevará implicaciones penales, disciplinarias y fiscales que pueden recaer sobre cada uno de ellos como ordenadores del gasto y representantes legales de sus respectivos entes territoriales.
Debido a esta situación de incertidumbre y preocupación, varios de estos alcaldes solicitarán en los próximos días al gobernador de Caldas la devolución de los aportes de estos municipios para ellos proceder a cancelar los créditos y esto les sirva como atenuante ante las investigaciones que se avecinan.
De acuerdo con una investigación adelantada por el periódico La Patria y la Corporación Cívica de Caldas, la situación es más grave de lo que se percibe. La Gobernación bajó en 1.782 la meta de casas en todas las líneas que pretendía construir. En diciembre de 2022 la Secretaría de Vivienda tenía una proyección de 5 mil 157 casas, sin embargo, en el Plan de Desarrollo es de 2 mil. Actualmente esas proyecciones fueron modificadas y la estimación es de 3 mil 375 en todos los programas, de las cuales han entregado 345, es decir el 10,2%.
La mayor crisis en esta propuesta del gobernador de Caldas se presenta en la línea «Mil Viviendas». Se tenían proyectadas 1.324 casas en el 2022 y para el 2023 la meta fue bajada a 980 sin que hasta la fecha se haya entregado la primera.
El proyecto está diseñado en dos fases: la primera cuenta con aportes de cinco municipios por $ 3 mil 120 millones para 312 unidades; la segunda, con aportes de 10 municipios por $ 6 mil 526 millones para 680 unidades, dineros que son manejados a través de una fiducia con sede en la ciudad de Medellín.
Para el mes de mayo de 2023, este proyecto debería estar en el 79,48% de ejecución en la primera fase, y solo se ha avanzado en el 0,66% a corte del 31 de diciembre del 2022 de acuerdo con la respuesta a un derecho de petición presentado por el periódico La Patria a la Secretaría de Vivienda de Caldas.
Según los testimonios de varios alcaldes quienes manifestaron su preocupación, las obras están frenadas desde hace varios meses debido a la cesión del contrato. Esta crisis originó la renuncia hace una semana de Mauricio Bonilla quien se desempeñaba como Gerente del Proyecto «Mil Viviendas».
Además de «Mil Viviendas», las dificultades en la política de vivienda del departamento también se presentan en otros proyectos como la Reserva Santamaría y Vivienda Social para el Campo con una meta de 1.080 unidades donde tampoco se ha construido una sola. La línea de Guadua solo presenta una sola casa y la proyección son 83, es decir, un cumplimiento de tan solo 2,4%.
Durante esta gobernación, de acuerdo con lo manifestado por el secretario de vivienda departamental, Javier Eduardo Torres Martínez, solo se han entregado 486 soluciones de las cuales 141 corresponden a proyectos iniciados por la Administración del exgobernador Guido Echeverri, por lo que la cifra real de entregas de este Gobierno es de 345.
El futuro de la política de vivienda departamental es muy incierto porque el gobierno nacional transfiere el valor del subsidio del programa «Mi Casa Ya» equivalente a 39 millones de pesos, una vez la vivienda esté terminada. Debido a la demora en la ejecución de estos proyectos, se aumentaron los costos de los insumos para la construcción generando otra dificultad porque solo se subsidian casas nuevas categorizadas como Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que tengan un valor máximo de $ 104.400.000.
El aumento de costos de los insumos para la construcción de estas viviendas, hará muy difícil la ejecución del programa. Por solo citar un ejemplo, el precio del hierro se incrementó en un 175%.
La preocupación mayor que tienen los 15 alcaldes aportantes para estos proyectos es que la gobernación de Caldas al 23 de marzo de 2023, se había gastado $ 793 millones 348 mil pesos en contratos de prestación de servicios, lo que hace imposible la devolución de la totalidad de los dineros aportados por sus municipios. Estos dineros utilizados más los intereses pagados, pueden configurar un detrimento patrimonial.
Cinco alcaldes de municipios aportantes a estos proyectos, dieron sus declaraciones al periódico La Patria en las cuales dejan ver su preocupación por la suerte del programa:
Andrés Duque Osorio, alcalde de Pácora
Aspiramos a construir 100 casas de Mil Viviendas. Se realizó un empréstito con Inficaldas y se desembolsó a principios del año pasado. Hemos pagado $ 130 millones en intereses. Es una nostalgia que no podamos entregar el proyecto. Esperamos que la Gobernación logre sacar adelante el proyecto. Es una decisión muy difícil invertir ese dinero en otra cosa, porque se les estaría negando el derecho a vivienda a 100 familias. Yo sé que ya no entrego las casas, pero espero por lo menos que en dos o tres años esas familias tengan su casa.
Mauricio Jaramillo Martínez, alcalde de Palestina
Aportamos $ 1.000 millones para 100 viviendas, que están en la fiducia, y aportamos el predio, que costó $ 236 millones. Lo triste es que ya hicimos todo y el proyecto no arranca, pero eso no depende de nosotros sino de la Gobernación. Dicen que el subsidio de Mi Casa Ya está desfinanciado y otros dicen que no, es una incertidumbre para las familias. Yo tengo que salvaguardar los intereses de Palestina. El empréstito fue de $1.500 millones con Inficaldas. Estoy preocupado porque si seguimos pagando intereses nos vamos liquidar. Ya van entre $ 180 millones y $ 200 millones.
Eduardo Andrés Grisales López, alcalde de Chinchiná
Hicimos un aporte de $ 1.000 millones para 100 viviendas y $ 700 millones por 20 casas de ubicación. Enviamos $ 1.700 millones a la fiducia y de intereses hemos pagado $ 152 millones 948 mil. Hay un atraso increíble que nos preocupa porque el propósito era entregar las casas en este periodo. Desde el año pasado debió darse inicio a la ejecución. Pese a que hicimos el mayor esfuerzo, la gente nos reclama es a nosotros y no a la Gobernación. Hemos tratado, pero no es fácil para ellos entender que un proyecto que debió iniciarse el año pasado apenas vaya a firmar el acta de inicio.
Jhon Mario Giraldo Arrubla, alcalde de Viterbo
Giramos $ 900 millones para la construcción de 90 viviendas. El préstamo fue con Inficaldas y hemos pagado $ 70 millones en intereses. Nosotros sabemos que el proyecto enfrenta dificultades por los contratistas. Esperamos que la Gobernación arranque en un plazo no mayor a un mes. Esperábamos que en marzo ya estuvieran entregadas las casas. Ahora creemos que por lo menos podremos entregar la mitad de las viviendas este año. El proyecto no ha avanzado como queríamos porque según el cronograma en este momento deberíamos estar entregando las viviendas.
Juan Carlos Ramírez Aguirre, alcalde de Aguadas
Estamos en la fase II del proyecto, que serían 70 viviendas. Se entregaron a la fiducia $ 340 millones para la construcción. Cerca de $ 217 millones son de un empréstito con BBVA. El proyecto estuvo frenado por el cambio del Gobierno nacional y la consecución de las pólizas, que eran responsabilidad del contratista y de la Gobernación. Tememos que el proyecto colapse. Ojalá podamos tener las viviendas porque resta muy poco tiempo. Los mandatarios le apostamos a un proyecto y confiamos en la Gobernación, pero el retraso nos ha generado incertidumbre.
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