Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
Las instituciones jurídicas consagradas en la constitución no pueden ser consideradas como decadentes, ni mucho menos inútiles; ellas establecen los mecanismos para su legal funcionamiento y la forma de garantizar y hacer efectivo los derechos de los ciudadanos frente al estado, respetando la división de los poderes públicos que deben trabajar armónicamente para la búsqueda de los objetivos estatales, no obteniéndose ese propósito si lo que se busca son instituciones o partidos de bolsillo sometidas a la voluntad del gobernante de turno, incubándose peligrosamente un régimen totalitario como absolutista.
Ahora bien, cada administración de turno tiene el legítimo derecho de sacar a delante su programa de gobierno, aplicando y priorizando políticas públicas, reformas que estimen necesarias para la consecución de su ideario político, pero sin acudir a estratagemas que desdicen de la conducta gubernamental, que bien podría definirse como presiones indebidas para quienes deben analizar las propuestas oficiales.
La administración pública es una tarea difícil donde se debe lidiar con diferentes opiniones tanto de oposición como de la misma coalición de gobierno, siendo su mayor reto el saber conducir ese impulso político, respetando el estado de derecho.
Se expone lo anterior por la información periodística del relevo de unos mandos medios de diferentes partidos políticos vinculados al gobierno, como presión o mejor llamado de atención a las directivas de esas colectividades para el apoyo a las reformas presentadas, que, en lugar de ser debatidas en un marco democrático, se acude al botín burocrático como medio persuasivo, dejando muy mal posicionadas dichas reformas ante la opinión pública.
Seguramente el ejecutivo impondrá su política del do ut des, expresión latina que literalmente significa “doy para que des”, pisando una frágil línea ética que en nada favorece el buen gobierno o la buena gobernanza estando a tono con la moderna terminología política.
Ver para creer, lo que se cuestionaba en el pretérito en el campo parlamentario, se aplica ahora como gobierno, de allí que se diga, que la política es dinámica, o mejor los vaivenes del ejercicio del poder.
ADENDA. La caída del puente del alambrado sobre el rio la vieja, entre los departamentos del Quindío y Valle del Cauca ha originado graves traumatismos no solo para la economía nacional por tratarse de una vía que conduce al puerto de Buenaventura, sino porque afecta a los habitantes de dos municipios cercanos como lo son Caicedonia y Sevilla la del valle, municipalidad esta que fue objeto de un desplante gubernamental del Presidente de la República, al no asistir el pasado viernes 13 de abril, compromiso adquirido con su población para analizar alternativas de ayuda gubernamental ante la crisis por la que atraviesan, demostrando una indiferencia e irrespeto con una ciudadanía que lo esperó por más de 6 horas.
Bien hizo el alcalde local de no aceptar la presencia de unos mandos medios gubernamentales a quienes se les delegó la representación presidencial.
Recordarle al jefe de estado, que el gobernante se debe a la comunidad y no la comunidad al gobernante, donde se debe respetar el tiempo de los demás, que dejaron de lado sus compromisos hogareños, personales, y de familia para escucharlo, defraudando y jugando con la desesperanza de una ciudadanía que sufre las consecuencias del daño vial.
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