Por: Jorge Alberto Betancurt Raigoza – Administrador Público, exconcejal de Manizales y coordinador del movimiento ciudadano +fe.
La Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas, se encuentran en este momento en el ojo del huracán por los altos porcentajes en su contratación directa; ante esto viene la pregunta de muchos, ¿cómo entender que algo que es permitido por la ley, termina siendo el foco de críticas?, el cuestionamiento a esta modalidad de contratación, es porque termina siendo el caldo de cultivo para actos de corrupción, al utilizarse por fuera de las excepciones que especifica la ley.
Debemos empezar diciendo que la ley determina que la contratación directa debe ser la excepción y no la regla, ya que esta excluye a contratistas de acceder a la contratación pública vía méritos y privilegia el amiguismo que finalmente termina en favores o coimas para el mandatario de turno, ya que este mecanismo le permite a quien contrata escoger a dedo el contratista.
La esencia de la contratación directa es que sea una modalidad excepcional, ya que la licitación pública es la modalidad de contratación que garantiza la mayor transparencia, es por esto que se ha previsto legalmente la licitación como la regla general para ser utilizada en la contratación pública; Sin embargo, el mismo legislador ha dispuesto una serie de excepciones a la regla, partiendo del entendimiento de que existen circunstancias que dificultan realizar una selección por medio de concurso, un ejemplo de ello sería la pérdida en un invierno de un acueducto veredal, esta emergencia si se atendiera a través de un proceso de licitación pública, podría tardar en su trámite legal entre cuatro y cinco meses, tiempo en el que quedarían los habitantes de este sector sin agua potable; ante estas circunstancias la ley permite que entidades como Aguas de Manizales o Empocaldas atiendan este tipo de intervenciones bajo la modalidad de contratación directa.
Lo anterior si bien es entendible, el grave problema radica en que se ha generado la misma dinámica para otro sin número de circunstancias que no estarían contempladas para atenderlas bajo esta modalidad de contratación; llevando a los entes territoriales a normalizar el uso cada vez más frecuente de estas excepciones a través de la contratación directa; esto a pesar de los riesgos de corrupción que se genera por la falta de transparencia y discrecionalidad en la asignación de los recursos públicos.
Es en este punto que la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas prendieron las alarmas de los entes de control, por contrariar el espíritu de la ley de contratación, al convertir la modalidad de contratación directa en el procedimiento preferido, sin importar que ahí es donde se anida el flagelo de la corrupción.
Veamos las cifras que alertaron sobre esta situación en la contratación del año 2022; la Alcaldía de Manizales entregó a dedo el 51% de sus contratos por valor $ 110.887.371.710 materializados en 1068 contratos directos equivalentes al 78% del total de su contratación.
En la misma línea fue cuestionada la Gobernación de Caldas que contrató de forma directa el 30% equivalente a la suma de $ 100.964.267.274 celebrados en 1385 contratos que representan el 84% del total de su contratación.
Debemos dejar claro que la contratación directa no representa en sí misma un hecho de corrupción, lo que sí es claro es que, en este tipo de modalidad, es donde se configura el mayor riesgo para la pérdida de recursos públicos.
Si bien la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas se defienden argumentando que no están incurriendo en irregularidades, ya que la ley los autoriza y las contrataciones realizadas están en el marco de lo permitido; debemos manifestar que sí están contrariando el espíritu de la misma, ya que está exige que la contratación directa sea la excepción y no la regla; disposición que claramente están violando; no puede ser posible que la Alcaldía de Manizales siga insistiendo que están en el marco de la ley, cuando un 51% de su contratación de forma directa dice lo contrario; ante esta realidad no es necesario conocer cada contrato para asegurar que se está incurriendo en una irregularidad, que facilita el accionar corrupto dentro de la administración pública; por mucho que la Alcaldía argumente, es objetivamente evidente que convirtieron la contratación directa en la regla más no en la excepción.
Nuestro movimiento +fe, que busca presentar candidato por firmas para la Alcaldía de Manizales, tiene claro que la contratación directa tendrá que ser una medida excepcional a la regla.